El gobernador de Córdoba dijo que buscará una segunda etapa al frente de la Provincia, reivindicó a Schiaretti y cuestionó el costo social de la política económica nacional. También habló de jubilaciones, educación, la visita del Papa y las gestiones para recuperar el Rally Mundial.
Martín Llaryora llevó a La noche de Mirtha una definición política que atravesó buena parte de sus intervenciones: la estabilización económica necesita acompañarse con producción, empleo y protección social. Invitado este sábado 17 de octubre a la mesa conducida por Juana Viale, el gobernador defendió la gestión cordobesa, cuestionó decisiones del Gobierno nacional y confirmó su intención de buscar una segunda etapa como mandatario provincial.
Compartió el programa con Marcelo Bonelli, Tatiana Schapiro y Alejandra Maglietti. Viale volvió a reemplazar a Mirtha Legrand, quien continúa recuperándose después de recibir el alta médica.
El intercambio tuvo preguntas sobre las responsabilidades provinciales y el financiamiento del gasto público. En ese marco, Llaryora procuró sostener una posición que combina respaldo al orden fiscal con cuestionamientos a las consecuencias del ajuste.
El empleo, en el centro de la discusión
Uno de los pasajes más importantes apareció cuando vinculó las dificultades económicas con la estructura productiva de Córdoba y Santa Fe. Según su planteo, las provincias con mayor presencia del campo, la industria y el empleo privado sienten de manera particular el deterioro de la actividad.
“El que se queda sin trabajo” necesita recuperar su ingreso, explicó, antes que depender de una asistencia estatal. Desde esa perspectiva, relacionó la pérdida de empleo con una mayor demanda sobre hospitales, programas alimentarios y transporte educativo.
Cuando en la mesa le preguntaron si las provincias también tienen responsabilidad en esa situación, respondió que la macroeconomía es nacional, aunque reconoció que los gobiernos locales disponen de herramientas propias.
Entre esas herramientas mencionó la infraestructura y la promoción industrial. El antecedente reciente es el proyecto de un nuevo régimen de incentivos a la inversión, la innovación y el empleo enviado a la Legislatura. La propuesta busca unificar normas y simplificar el acceso a beneficios; su aplicación, prevista desde 2027, depende de la aprobación parlamentaria.
La discusión dejó planteada una tensión concreta: cuánto pueden compensar las políticas provinciales cuando las condiciones generales dificultan la producción y el consumo.
Las provincias como “amortiguadores”
“Estamos siendo amortiguadores”, sostuvo Llaryora al describir el papel de gobernadores e intendentes frente al ajuste. Para ilustrarlo recurrió a la salud, particularmente a la atención de jubilados de PAMI en Marcos Juárez.
El caso tiene el antecedente, el cierre del Sanatorio Sudeste, a fines de marzo, alteró la cobertura de miles de afiliados de la ciudad y la región. La reorganización incluyó derivaciones hacia Villa María y motivó reclamos por las dificultades para acceder a prestaciones. La Provincia anunció refuerzos en el Hospital Abel Ayerza para absorber parte de esa demanda.
Conviene precisar que se trataba de un prestador privado que atendía afiliados de PAMI. El problema fue la pérdida de esa capacidad de atención local y las condiciones de su reemplazo.
Durante el programa, el gobernador afirmó además que la atención de afiliados de PAMI en el sistema público provincial se había triplicado. Esa cifra fue expuesta por el mandatario, sin que en el intercambio se detallaran el período de comparación ni los registros utilizados.
Jubilaciones: un conflicto con Nación y una discusión dentro de Córdoba
Llaryora también cuestionó el financiamiento nacional de las cajas previsionales que permanecieron bajo administración provincial. Sostuvo que Córdoba debe cubrir con recursos propios obligaciones para las cuales reclama aportes de la Nación.
El conflicto tiene antecedentes de negociación. En 2025, ANSES reconoció una deuda y acordó anticipos mensuales de $5.000 millones durante un año, mientras avanzaban las auditorías para determinar el monto definitivo. Ese entendimiento no equivalía a resolver integralmente el desequilibrio previsional.
En la mesa, el gobernador defendió la Ley de Equidad Jubilatoria y los aportes adicionales como parte de la respuesta provincial. Sin embargo, esa política también enfrenta cuestionamientos internos: la UEPC sostiene que implica un ajuste sobre trabajadores y jubilados, y reclama el cumplimiento de los criterios judiciales fijados sobre su aplicación.
Así, el debate previsional reúne dos planos: la disputa federal por los recursos y la distribución del esfuerzo dentro de la propia provincia.
Educación y transporte: sostener el acceso
En materia educativa, Llaryora contrapuso las dificultades de financiamiento universitario nacional con la expansión de la Universidad Provincial de Córdoba. Afirmó que su gestión construye quince sedes.
La documentación de la UPC permite precisar el alcance: el programa contempla quince sedes regionales, con doce en funcionamiento para la cohorte 2026. Es un proceso que combina apertura de carreras, construcción y consolidación de establecimientos.
También defendió el Boleto Educativo como una condición para que estudiantes y docentes puedan llegar a las instituciones. Su reclamo por el transporte tiene como antecedente la eliminación del Fondo Compensador del Interior, anunciada por Nación en febrero de 2024. El Gobierno nacional justificó entonces la decisión como parte de un cambio orientado a priorizar la asistencia directa a usuarios.
El punto planteado por el mandatario fue que el encarecimiento del traslado puede convertirse en una barrera educativa, especialmente cuando los ingresos familiares pierden capacidad de compra.
Una definición electoral y el respaldo a Schiaretti
La pregunta sobre una eventual candidatura presidencial produjo la señal electoral más clara de la noche. Llaryora respondió que está comprometido con Córdoba y que buscará una segunda etapa como gobernador.
Al mismo tiempo, reivindicó a Juan Schiaretti: dijo que habría sido un gran presidente y vinculó su figura con responsabilidad fiscal, inversión y generación de empleo.
Su defensa de los acuerdos entre partidos completó ese posicionamiento. Argumentó que acompañar una iniciativa de otro espacio no debería interpretarse como una traición y que las políticas respaldadas por consensos amplios tienen mayores posibilidades de continuidad.
La intervención puede leerse como una proyección del discurso del cordobesismo: presentar la experiencia provincial como referencia para una alternativa nacional, mientras concentra su objetivo electoral inmediato en Córdoba.
DNU, inversiones y reglas duraderas
Otro momento relevante fue su crítica al uso reiterado de decretos de necesidad y urgencia. Llaryora sostuvo que esa práctica genera inestabilidad y aclaró que su cuestionamiento abarca a distintas administraciones.
El argumento apuntó a la previsibilidad: para invertir, afirmó, hacen falta compromisos que sobrevivan a los cambios de gobierno. En ese marco, presentó la búsqueda de consensos legislativos como una condición para sostener políticas públicas.
Su planteo enlazó seguridad jurídica y confianza política: la dificultad argentina para acordar reglas duraderas sería, en su interpretación, uno de los obstáculos para transformar recursos y capacidades en desarrollo.
El Papa y el Rally Mundial
La conversación también incluyó la visita de León XIV, prevista en Córdoba para el 10 de noviembre. Llaryora aseguró que los preparativos continúan y que participan Nación, Provincia, municipio e Iglesia, aunque subordinó cualquier definición a la salud del pontífice. El Arzobispado había difundido el itinerario de la jornada cordobesa en septiembre.
Respecto de Francisco, sostuvo que tenía intención de viajar a la Argentina. Esa afirmación quedó expresada como su interpretación sobre una visita que finalmente no se concretó.
En automovilismo, habló de las gestiones para recuperar una fecha del Rally Mundial y de la competencia internacional por conseguir un lugar en el calendario. Los antecedentes incluyen reuniones con autoridades de la FIA para impulsar el regreso a Córdoba. En la mesa, el propio gobernador mantuvo el asunto en el terreno de las negociaciones, sin anunciar una confirmación.
La aparición televisiva dejó un mensaje político reconocible: Llaryora acepta la necesidad de estabilizar la economía, pero reclama discutir cómo se distribuyen sus costos y qué políticas permitirán recuperar empleo. Con esa posición defendió su gestión, marcó diferencias con la Nación y anticipó el eje sobre el que buscará construir su continuidad provincial.
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