La reflexión de Alejandro Kaufman difundida por Faro Digital abre una discusión que excede la tecnología: cuánto del valor de la inteligencia artificial pertenece a quienes desarrollan los sistemas y cuánto proviene de la cultura que las sociedades construyeron durante generaciones.
“Te cobran por algo que no es de ellos”. La frase de Alejandro Kaufman, compartida por Faro Digital a propósito de una intervención en el programa QR, instala una pregunta incómoda en el entusiasmo que rodea a la inteligencia artificial. Las empresas construyen las herramientas, invierten en infraestructura y comercializan sus servicios. Pero la lengua, los conocimientos y las expresiones culturales que contribuyen a hacerlas posibles tienen una historia que ninguna compañía puede atribuirse por completo.
El planteo permite examinar una tensión central de nuestra época: la transformación de una producción social acumulada en un servicio administrado por actores privados. Para comprenderla conviene distinguir la propiedad de una tecnología del origen de los materiales con los que esa tecnología adquiere utilidad.
Los modelos de lenguaje se entrenan con grandes conjuntos de datos para identificar regularidades y producir respuestas. Su capacidad depende de registros de la actividad humana. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reconoce el lugar central de los datos de entrenamiento y señala los conflictos que plantea el uso de contenidos protegidos.
Detrás de una respuesta automática existe, por lo tanto, una cadena de aportes: investigación científica, desarrollos informáticos, trabajo técnico y producción cultural. La pantalla muestra una conversación entre una persona y un sistema; su funcionamiento remite a una trama social mucho más extensa.
La cuestión de fondo es cómo se distribuyen los beneficios de esa cooperación. Una sociedad financia escuelas, universidades y bibliotecas; sus integrantes escriben, investigan y producen información. Cuando parte de ese universo alimenta servicios comerciales, aparece una asimetría posible: los aportes están dispersos entre millones de personas e instituciones, mientras que la capacidad de cobrar por su procesamiento puede concentrarse. Esa diferencia entre producción colectiva y aprovechamiento económico constituye el núcleo político del debate.
La lengua como construcción común
Nadie inventó por sí solo el idioma que utiliza. Cada generación recibe palabras, sentidos y formas de argumentar que otras generaciones elaboraron antes. Al hablar, escribir, enseñar o discutir, las personas conservan esa herencia y también la transforman.
Desde las ciencias sociales, la lengua puede entenderse como una institución colectiva: existe porque una comunidad la comparte y reconoce sus usos. Esa condición no elimina la autoría individual. Una novela tiene autor; una investigación, responsables; una fotografía, un creador. Pero ninguna de esas obras sería posible sin recursos culturales que anteceden a sus productores.
Aquí aparece una distinción decisiva. La lengua compartida, las obras de dominio público y los contenidos sujetos a derechos de autor son realidades diferentes. Reunirlas bajo la idea de que “todo pertenece a todos” borraría derechos y trabajos concretos. Considerar que todo material accesible puede convertirse libremente en insumo comercial produciría el problema inverso: confundir disponibilidad con autorización.
La discusión exige sostener ambas cuestiones: proteger a quienes crean y reconocer que la cultura desborda cualquier propiedad individual.
Qué se paga cuando se paga por IA
La frase de Kaufman tiene fuerza como provocación política, aunque requiere una precisión económica. Quien paga una suscripción a un sistema de inteligencia artificial paga por un servicio: capacidad de procesamiento, infraestructura, mantenimiento y funciones determinadas. Esos componentes implican inversiones y trabajo.
Sin embargo, reconocer ese aporte empresarial no resuelve cómo debe distribuirse el valor generado a partir de materiales producidos por otros. Una empresa puede desarrollar una herramienta valiosa y, al mismo tiempo, quedar sujeta a preguntas sobre las condiciones en que obtuvo sus insumos.
Las controversias sobre entrenamiento y derechos de autor muestran que el problema tiene traducciones concretas. Un estudio del Parlamento Europeo examina el uso de contenidos protegidos, las posibilidades de reserva de derechos y los mecanismos de licencia. Las condiciones de utilización de esos materiales son centrales para evaluar cada caso.
Desde una perspectiva social, la pregunta se amplía: ¿qué instituciones sostienen la producción del conocimiento y qué reciben cuando ese conocimiento alimenta nuevos negocios?
Pensemos en un medio local que investiga durante semanas un problema de agua, reconstruye expedientes y consulta a vecinos. El valor de esa información surge de un trabajo situado, con costos y responsabilidades. Si un servicio automatizado utiliza ese contenido para responder consultas, la discusión sobre reconocimiento y sostenibilidad adquiere una dimensión concreta. El conocimiento necesita condiciones materiales para seguir produciéndose.
El poder de organizar las respuestas
La cuestión también involucra la intermediación. Cuando una herramienta selecciona información, resume debates y propone explicaciones, participa en la manera en que sus usuarios acceden al mundo.
Cabe plantear un riesgo: si una parte creciente de esas consultas pasa por pocos proveedores, sus decisiones comerciales y técnicas pueden adquirir una influencia cultural considerable. Qué fuentes se vuelven visibles, qué matices desaparecen en un resumen o qué respuestas reciben mayor desarrollo son cuestiones que merecen escrutinio público.
Esta perspectiva permite comprender la apropiación en un sentido más amplio que la propiedad jurídica. Ninguna empresa necesita convertirse en dueña del idioma para ganar poder sobre sus usos. Puede hacerlo si consigue ocupar una posición decisiva entre el conocimiento disponible y las personas que buscan comprenderlo.
Para América Latina, esa posibilidad abre una pregunta adicional: qué capacidad tendrán sus sociedades para desarrollar herramientas, preservar sus variedades lingüísticas y participar en las decisiones sobre la circulación de sus conocimientos. La autonomía cultural también se juega en la infraestructura que organiza lo que leemos y consultamos.
La reflexión que abre Kaufman invita a pensar una política de la tecnología: transparencia sobre los materiales utilizados, protección de los creadores, investigación pública y condiciones de acceso que amplíen las capacidades sociales.
La inteligencia artificial puede ofrecer beneficios importantes. Su legitimidad también dependerá de cómo se repartan esos beneficios y de qué responsabilidades asuman quienes los comercializan. La capacidad de construir una herramienta merece reconocimiento; la historia colectiva que permite hacerla funcionar también.
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