La Calera. El servicio de agua potable se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política e institucional en la ciudad. En los últimos meses, el conflicto entre la Municipalidad de La Calera y la empresa vinculada a la operación de la planta potabilizadora expuso problemas estructurales de infraestructura, deudas cruzadas y cuestionamientos sobre la responsabilidad de cada actor en la prestación del servicio.

Uno de los episodios más críticos ocurrió cuando una rotura en el ingreso de la planta potabilizadora provocó la interrupción total del suministro durante aproximadamente 48 horas. La emergencia obligó al municipio a declarar Alerta Roja y desplegar un operativo de contingencia para garantizar el abastecimiento de hospitales, bomberos y otros servicios esenciales. La empresa operadora atribuyó el problema exclusivamente a una falla técnica en la infraestructura de ingreso a la planta.

Sin embargo, el conflicto se profundizó semanas después cuando trascendieron versiones sobre una importante deuda municipal con la entidad que administra la planta. Según comunicados difundidos por medios provinciales, la empresa sostuvo que la Municipalidad mantiene una deuda cercana a los 1.200 millones de pesos (acreencia que se está negociando), aunque aclaró que el corte de agua registrado no estuvo relacionado con esa situación financiera sino con la rotura del conducto principal.

Desde la administración del intendente Fernando Rambaldi, en tanto, se ha puesto el foco en la falta de inversiones provinciales en infraestructura hídrica. Durante enero de este año, el municipio reclamó la reparación de un acueducto construido en 1913 que transporta agua hacia las usinas y plantas potabilizadoras de la región. Según la comuna, el deterioro del conducto genera fisuras permanentes, daños en el pavimento y riesgos para viviendas cercanas.

La problemática del agua en La Calera no se limita únicamente a la planta potabilizadora. En las últimas semanas, la Municipalidad también anunció controles más estrictos sobre el consumo y denunció penalmente una conexión clandestina detectada en un barrio cerrado durante la instalación de medidores inteligentes. El caso fue presentado por el Ejecutivo local como parte de una estrategia para mejorar la administración del recurso hídrico y reducir pérdidas en el sistema.

Mientras tanto, vecinos y comerciantes continúan observando con preocupación una situación que combina infraestructura envejecida, reclamos de inversión, disputas financieras y episodios recurrentes que afectan la normalidad del servicio. El desafío para los próximos meses será encontrar una solución coordinada entre municipio, provincia y operadores del sistema para garantizar un abastecimiento estable en una ciudad cuyo crecimiento urbano ha incrementado la demanda sobre una red cada vez más exigida. 

La política local suele tener una característica engañosa: aparenta ser pequeña. Sin embargo, en ciudades como La Calera se observan, en escala reducida, muchos de los fenómenos que atraviesan hoy a la democracia argentina. La degradación del debate público, la sustitución de la política por la agresión permanente y la utilización de las instituciones como campo de batalla electoral ya no son patrimonio exclusivo de los grandes centros urbanos. También han llegado a los concejos deliberantes, a las redes sociales locales y a las disputas territoriales de proximidad.

Desde febrero, el justicialismo local parece haber ingresado en una campaña electoral anticipada cuya lógica no es la construcción de una alternativa política sino el desgaste sistemático del oficialismo. La oposición tiene derecho —y obligación— de controlar, cuestionar y confrontar. Pero una cosa es ejercer oposición y otra muy distinta es transformar la tensión política en un mecanismo de bloqueo institucional. La ausencia reiterada de concejales peronistas en las sesiones no puede leerse ya como un gesto aislado de protesta: es una estrategia política. El dato más significativo no es solamente el vacío de bancas, sino la necesidad de convocar suplentes hasta terceras y cuartas líneas para garantizar el funcionamiento del Concejo Deliberante.

En ese contexto, la aprobación de una ordenanza alineada con la Boleta Única de Sufragio operó como punto de ruptura. La normativa no solo introduce herramientas de control electoral; también cuestiona prácticas históricas naturalizadas en la cultura política local. Allí aparece el verdadero conflicto. No se discute únicamente una técnica electoral, sino un modo de construcción del poder.

La radicalización del discurso encontró además aliados en algunos medios y operadores digitales que abandonaron toda pretensión informativa para convertirse en actores partidarios directos. El resultado es un clima público intoxicado de sospechas, ataques personales y agresividad permanente. Cuando la política pierde espesor argumental, la violencia verbal ocupa el centro de la escena.

El episodio de vandalización de un camión municipal debe analizarse dentro de ese contexto. No importa únicamente quién haya sido el autor material. Importa el clima que vuelve posible que la confrontación política derive en daño sobre bienes públicos. La violencia simbólica nunca permanece demasiado tiempo en el plano simbólico.

A esto se suma la crisis interna de representación opositora, visible en el caso de la concejal Analía Marcos: sancionada por la UCR, separada formalmente de su identidad partidaria y convertida en símbolo de una política de alineamientos tácticos antes que convicciones estables.

La discusión de fondo ya no es electoral. Es institucional. Y allí reside el verdadero problema.

La Municipalidad de La Calera contina avanzando el regularización de terrenos cedidos a vecinos años atrás. Mañana el Concejo Deliberante convocaría al tratamiento de los proyectos de ordenanza rectificatorios.

La presidencia del Concejo Deliberante de nuestra ciudad convocó a un trabajo en comisión relacionado con el tratamiento de proyectos de ordenanza para rectificar numerosos errores detectados, ya sea en el nombre de titular, número de documento o designación catastral, ya que en años anteriores se había hecho a través de una fe de errata incorporada a la ordenanza original, no siendo ese el acto administrativo que corresponde para poder darle validez a la modificación. Esto impedía que finalmente pudieran perfeccionar el tramite de escrituración y ser finalmente propietarios de sus viviendas. El año pasado se comenzó con la ordenanza 066 del 2002 que era toda la zona de la campana y a partir de este año también se suman algunas ordenanzas que son un solo lote, como así también otras correspondientes a manzanas completas.

El eje de la reunión se centró en cuatro proyectos de ordenanza destinados a corregir errores materiales en documentación vinculada a lotes adjudicados Uno de los expedientes refiere a la rectificación de la Ordenanza 348/2007, mediante la cual se había cedido un terreno a un vecino, detectándose errores en el nombre completo, número de documento y nomenclatura catastral del lote. El objetivo de la modificación es actualizar correctamente esos datos para que el beneficiario pueda completar el trámite de escrituración de su terreno.

Los otros tres proyectos están relacionados con la Ordenanza 022/2011, vinculada a la cesión de terrenos en barrio Minetti. Allí también se detectaron inconsistencias administrativas en los anexos correspondientes a distintos adjudicatarios. El documento destaca además que estas modificaciones forman parte de un proceso más amplio de regularización dominial iniciado el año pasado, que incluye trabajos de mensura y actualización catastral de distintas manzanas y lotes. El objetivo final es permitir que los beneficiarios puedan acceder a la escritura traslativa de dominio de sus propiedades.

Los partidos políticos tienen una pulsión histórica: ocupar territorio. Cuando las estructuras tradicionales pierden legitimidad o capacidad de movilización, la política avanza sobre otros espacios sociales para recuperar presencia. Clubes, cooperadoras escolares, organizaciones civiles y centros vecinales pasan entonces a convertirse en escenarios de disputa silenciosa. No porque administren grandes presupuestos ni acumulen poder formal, sino porque representan algo mucho más importante: cercanía real con la vida cotidiana de la gente.

La Calera parece empezar a mostrar ese fenómeno con claridad en la venidera elección del Centro Vecinal de barrio Industrial, el barrio más grande de la ciudad. La presentación de listas dejó expuesta una tensión que excede la simple renovación de autoridades barriales.

Por un lado aparece una lista integrada por vecinos comunes, como es el caso de Marcelo Luna, un conocido comerciante del barrio, un trabajador sin exposición pública ni trayectoria partidaria visible. Vecino en el sentido clásico del término acompañado de gente que conoce las calles rotas, los problemas de iluminación, la inseguridad y las demandas concretas del barrio porque las vive.

Del otro lado surge una lista donde aparecen nombres vinculados a la militancia política y a estructuras de poder conocidas en la ciudad, tal es el caso de Guadalupe Márquez, una militante de la UCR hoy vinculada al sector rufeilista por la línea de Gastón Morán. Algunos de los integrantes de la lista  ocuparon u ocupan espacios en la función pública lo que le da un aire particular a la elección del centro vecinal.

Allí es donde la discusión deja de ser vecinal para transformarse en política.

Porque cuando un espacio partidario decide disputar un centro vecinal, no está pensando solamente en cordones cuneta o desmalezado. Está pensando en territorialidad, presencia, construcción de liderazgo y acumulación política hacia adelante. El centro vecinal deja de ser únicamente una herramienta comunitaria para convertirse también en una pieza dentro del tablero político local.

Nada de esto es ilegal. Pero sí obliga al menos preguntarse qué tipo de instituciones quiere preservar una comunidad.

¿Los centros vecinales seguirán siendo espacios autónomos nacidos desde las necesidades concretas de los barrios? ¿O terminarán absorbidos por la lógica de la política profesional, donde cada territorio es una unidad de poder a conquistar?

La escena tuvo todos los ingredientes de la política contemporánea de escala local: un trabajador encadenado frente al municipio, transmisiones en redes sociales, audios viralizados, operaciones cruzadas y un clima de dramatización constante que rápidamente desbordó el plano estrictamente laboral. El caso de Emilio “Lulo” Torres dejó hace tiempo de ser solamente un conflicto administrativo entre un agente municipal y el Ejecutivo de La Calera. Lo que apareció detrás fue otra cosa: la persistencia de una lógica política que necesita convertir cada tensión social en una plataforma de acumulación partidaria.

Finalizó este viernes por la noche el acampe que el agente municipal Emilio “Lulo” Torres mantenía frente al edificio de la Municipalidad de La Calera en el marco de su reclamo laboral.

Según consta en un parte policial emitido por la Departamental Sierras Chicas Norte, Distrito XXIV, Comisaría 24A de La Calera, alrededor de las 21 horas se procedió al levantamiento del gazebo instalado sobre la vereda del municipio y Torres, de 63 años, abandonó el lugar, quedando despejado el sector “sin novedad”.

La protesta había comenzado días atrás, cuando el trabajador decidió encadenarse frente al Palacio Municipal exigiendo su reincorporación laboral y el pago de haberes adeudados. El caso había generado repercusión política y mediática en la ciudad, especialmente luego de la difusión pública de cartas, reclamos administrativos y presentaciones judiciales vinculadas al conflicto.

En la mañana de hoy, antes del levantamiento del acampe, se conoció la resolución judicial que declaró inadmisible el amparo presentado por Torres contra la Municipalidad de La Calera, al considerar que la cuestión debía tramitarse por la vía ordinaria.

Con la retirada del acampe, la protesta callejera parece haber llegado a su fin, aunque el conflicto laboral podría continuar en el ámbito judicial y administrativo.

El conflicto laboral protagonizado por el agente municipal Emilio “Lulo” Torres sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. Luego de iniciar una protesta encadenándose frente al edificio de la Municipalidad de La Calera para reclamar su reincorporación laboral, la Justicia resolvió rechazar el recurso de amparo presentado por el trabajador.

Según surge de la documentación judicial a la que accedió Reporte Cba, Torres había promovido una acción de amparo contra la Municipalidad de La Calera y otros responsables bajo la carátula “Torres, Ramón Emilio Onofre c/ Municipalidad de La Calera y otros – Amparo Ley 4915”. Sin embargo, la Sala Electoral y de Competencia Originaria del Tribunal Superior de Justicia confirmó declaró inadmisible la presentación mediante el Auto N° 161, fechado el 21 de abril de 2026.

En la resolución, el tribunal consideró que el planteo debía tramitarse por la vía ordinaria y no mediante un amparo, evitando así expedirse sobre el fondo del conflicto laboral denunciado por el agente.

El caso tomó estado público luego de que Torres se encadenara en la vereda del Palacio Municipal reclamando la restitución de su puesto de trabajo y el pago de haberes adeudados. Desde el municipio sostienen que el trabajador se encontraba bajo la modalidad de contratado, que su vínculo laboral había vencido y que incluso se habría negado a firmar una nueva contratación ofrecida por la administración local.

La controversia generó repercusiones políticas en La Calera, especialmente por el impacto social de la protesta.

El conflicto ahora ingresa en una etapa de definición judicial y administrativa, mientras se aguardan si surgen nuevas acciones a instancias de negociación entre las partes.