Los partidos políticos tienen una pulsión histórica: ocupar territorio. Cuando las estructuras tradicionales pierden legitimidad o capacidad de movilización, la política avanza sobre otros espacios sociales para recuperar presencia. Clubes, cooperadoras escolares, organizaciones civiles y centros vecinales pasan entonces a convertirse en escenarios de disputa silenciosa. No porque administren grandes presupuestos ni acumulen poder formal, sino porque representan algo mucho más importante: cercanía real con la vida cotidiana de la gente.

La Calera parece empezar a mostrar ese fenómeno con claridad en la venidera elección del Centro Vecinal de barrio Industrial, el barrio más grande de la ciudad. La presentación de listas dejó expuesta una tensión que excede la simple renovación de autoridades barriales.

Por un lado aparece una lista integrada por vecinos comunes, como es el caso de Marcelo Luna, un conocido comerciante del barrio, un trabajador sin exposición pública ni trayectoria partidaria visible. Vecino en el sentido clásico del término acompañado de gente que conoce las calles rotas, los problemas de iluminación, la inseguridad y las demandas concretas del barrio porque las vive.

Del otro lado surge una lista donde aparecen nombres vinculados a la militancia política y a estructuras de poder conocidas en la ciudad, tal es el caso de Guadalupe Márquez, una militante de la UCR hoy vinculada al sector rufeilista por la línea de Gastón Morán. Algunos de los integrantes de la lista  ocuparon u ocupan espacios en la función pública lo que le da un aire particular a la elección del centro vecinal.

Allí es donde la discusión deja de ser vecinal para transformarse en política.

Porque cuando un espacio partidario decide disputar un centro vecinal, no está pensando solamente en cordones cuneta o desmalezado. Está pensando en territorialidad, presencia, construcción de liderazgo y acumulación política hacia adelante. El centro vecinal deja de ser únicamente una herramienta comunitaria para convertirse también en una pieza dentro del tablero político local.

Nada de esto es ilegal. Pero sí obliga al menos preguntarse qué tipo de instituciones quiere preservar una comunidad.

¿Los centros vecinales seguirán siendo espacios autónomos nacidos desde las necesidades concretas de los barrios? ¿O terminarán absorbidos por la lógica de la política profesional, donde cada territorio es una unidad de poder a conquistar?

 

La escena tuvo todos los ingredientes de la política contemporánea de escala local: un trabajador encadenado frente al municipio, transmisiones en redes sociales, audios viralizados, operaciones cruzadas y un clima de dramatización constante que rápidamente desbordó el plano estrictamente laboral. El caso de Emilio “Lulo” Torres dejó hace tiempo de ser solamente un conflicto administrativo entre un agente municipal y el Ejecutivo de La Calera. Lo que apareció detrás fue otra cosa: la persistencia de una lógica política que necesita convertir cada tensión social en una plataforma de acumulación partidaria.

 

Finalizó este viernes por la noche el acampe que el agente municipal Emilio “Lulo” Torres mantenía frente al edificio de la Municipalidad de La Calera en el marco de su reclamo laboral.

Según consta en un parte policial emitido por la Departamental Sierras Chicas Norte, Distrito XXIV, Comisaría 24A de La Calera, alrededor de las 21 horas se procedió al levantamiento del gazebo instalado sobre la vereda del municipio y Torres, de 63 años, abandonó el lugar, quedando despejado el sector “sin novedad”.

La protesta había comenzado días atrás, cuando el trabajador decidió encadenarse frente al Palacio Municipal exigiendo su reincorporación laboral y el pago de haberes adeudados. El caso había generado repercusión política y mediática en la ciudad, especialmente luego de la difusión pública de cartas, reclamos administrativos y presentaciones judiciales vinculadas al conflicto.

En la mañana de hoy, antes del levantamiento del acampe, se conoció la resolución judicial que declaró inadmisible el amparo presentado por Torres contra la Municipalidad de La Calera, al considerar que la cuestión debía tramitarse por la vía ordinaria.

Con la retirada del acampe, la protesta callejera parece haber llegado a su fin, aunque el conflicto laboral podría continuar en el ámbito judicial y administrativo.

 

El conflicto laboral protagonizado por el agente municipal Emilio “Lulo” Torres sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. Luego de iniciar una protesta encadenándose frente al edificio de la Municipalidad de La Calera para reclamar su reincorporación laboral, la Justicia resolvió rechazar el recurso de amparo presentado por el trabajador.

Según surge de la documentación judicial a la que accedió Reporte Cba, Torres había promovido una acción de amparo contra la Municipalidad de La Calera y otros responsables bajo la carátula “Torres, Ramón Emilio Onofre c/ Municipalidad de La Calera y otros – Amparo Ley 4915”. Sin embargo, la Sala Electoral y de Competencia Originaria del Tribunal Superior de Justicia confirmó declaró inadmisible la presentación mediante el Auto N° 161, fechado el 21 de abril de 2026.

En la resolución, el tribunal consideró que el planteo debía tramitarse por la vía ordinaria y no mediante un amparo, evitando así expedirse sobre el fondo del conflicto laboral denunciado por el agente.

El caso tomó estado público luego de que Torres se encadenara en la vereda del Palacio Municipal reclamando la restitución de su puesto de trabajo y el pago de haberes adeudados. Desde el municipio sostienen que el trabajador se encontraba bajo la modalidad de contratado, que su vínculo laboral había vencido y que incluso se habría negado a firmar una nueva contratación ofrecida por la administración local.

La controversia generó repercusiones políticas en La Calera, especialmente por el impacto social de la protesta.

El conflicto ahora ingresa en una etapa de definición judicial y administrativa, mientras se aguardan si surgen nuevas acciones a instancias de negociación entre las partes.

 

La controversia desatada en La Calera tras la intimación judicial enviada por el intendente Fernando Rambaldi al titular de Radio Bamba no debería analizarse únicamente como un conflicto entre un funcionario y un medio de comunicación. El episodio obliga a abrir una discusión más profunda sobre los límites éticos, profesionales y legales del ejercicio periodístico en tiempos donde muchas veces la agresión reemplaza al análisis y la descalificación ocupa el lugar de la información.

Según el comunicado difundido por el Ejecutivo municipal, la carta documento enviada al conductor Sergio González responde a una serie de expresiones públicas consideradas “agraviantes, falsas y lesivas”, emitidas durante meses a través de la radio, redes sociales y estados de WhatsApp. La intimación sostiene que esos contenidos habrían excedido el marco de la crítica política para ingresar en terrenos vinculados al agravio personal, las afirmaciones sin sustento y referencias a aspectos privados del intendente.

El caso adquiere especial relevancia porque no se trata de una crítica aislada ni de una diferencia editorial circunstancial. En La Calera, desde hace tiempo se viene observando una escalada discursiva donde ciertos espacios comunicacionales parecen haber abandonado el rol periodístico tradicional para convertirse en actores permanentes de confrontación política. Y allí aparece una frontera delicada: el periodismo tiene el deber de controlar al poder, investigar y cuestionar a los funcionarios. Pero no puede transformarse en un espacio de hostigamiento sistemático ni en una tribuna de agravios personales.

Resulta importante remarcar algo más. Radio Bamba ha mantenido durante meses una línea editorial extremadamente crítica no sólo hacia la gestión municipal, sino también hacia otros medios de comunicación de la ciudad, entre ellos Reporte Cba. Sin embargo, este medio eligió deliberadamente no ingresar en una lógica de enfrentamiento personal ni responder agravios con agravios. No por debilidad editorial, sino por convicción profesional.

El periodismo local atraviesa una crisis de credibilidad que no se resolverá con más violencia discursiva. La sociedad no necesita comunicadores convencidos de poseer una verdad absoluta ni periodistas que utilicen un micrófono como herramienta de demolición moral. Necesita información rigurosa, opiniones firmes y debates intensos, sí, pero dentro de los límites que exige la convivencia democrática.

En ese contexto, también merece análisis el comunicado emitido posteriormente por Radio Bamba, donde se reconoce que “en algún momento se utilizaron expresiones que pudieron rozar aspectos personales” y que ello “no corresponde al ejercicio responsable del periodismo”. La frase tiene peso político y jurídico. Aunque no configura necesariamente una retractación plena en términos legales, sí representa una admisión implícita de que determinados excesos existieron.

Y ese punto no es menor. Porque la legislación argentina protege de manera amplia la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público y críticas a funcionarios. Pero esa protección no es ilimitada. Cuando las afirmaciones se apartan de los hechos verificables y derivan en agravios personales persistentes o imputaciones potencialmente falsas, aparecen riesgos concretos de responsabilidad civil y penal.

Por eso, más allá de cómo evolucione este conflicto, el episodio deja una señal de advertencia para todo el ecosistema mediático local. La crítica fortalece la democracia; el odio sistemático la degrada. Y cuando el periodismo pierde responsabilidad, pierde también legitimidad ante la sociedad.

 

En una jornada marcada por el tono festivo y la participación institucional, quedó formalmente constituida la nueva comisión del Centro Vecinal de barrio La Campana, encabezada por Vicente Alaniz, quien asumió la presidencia junto a su equipo de trabajo.

El acto contó con el acompañamiento de autoridades municipales y referentes comunitarios, en el marco de una política de fortalecimiento de los centros vecinales impulsada por el municipio de La Calera. Durante el encuentro, se destacó el rol de estas organizaciones como articuladoras entre el Estado local y los vecinos, y se valoró el compromiso de quienes integran la nueva conducción barrial.

Desde el ámbito oficial, se subrayó la importancia de “seguir trabajando de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, en línea con una agenda que prioriza la cercanía territorial y la participación comunitaria.

Sin embargo, más allá del clima de celebración, en redes sociales comenzaron a emerger algunas voces críticas que pusieron en duda la transparencia del proceso de renovación de autoridades. Otros comentarios, en cambio, respaldaron la designación y felicitaron a Alaniz y su equipo, destacando la importancia de contar con referentes comprometidos con la realidad del barrio.

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Vecinos de La Calera y de barrios de la ciudad de Córdoba afectados por el peaje La Calera, se autoconvocaron este viernes 17 por la tarde en el sector del camino a los Cuarteles, para manifestarse contra el cobro de peaje que consideran “injusto” y en rechazo al procedimiento policial que derivó en la detención del activista Ariel Enrique Guzmán.

La protesta se desarrolló en un clima de alta sensibilidad, luego de los hechos ocurridos el día de ayer durante la inauguración del “Alto Nivel”, donde Guzmán fue detenido por la Policía de Córdoba mientras participaba de una manifestación de manera pacífica. Si bien recuperó la libertad durante la madrugada, quedó imputado por “resistencia a la autoridad”, situación que fue cuestionada por los vecinos organizados.

Bajo consignas como “No al peaje” y en defensa del “derecho a manifestarse”, los participantes se concentraron en las cabinas de cobro, señaladas como el eje del conflicto. El reclamo apunta a la eliminación de un sistema que —afirman— afecta de manera directa a familias que transitan diariamente por la zona, especialmente entre Córdoba y La Calera.

Desde diciembre de 2022, vecinos autoconvocados sostienen acciones de protesta contra este peaje, al que califican como ilegal. En ese marco, también cuestionan que obras de infraestructura en el sector sean financiadas con recursos provenientes de ese cobro.

Durante la jornada, los manifestantes reiteraron denuncias sobre el accionar policial del jueves, al que calificaron como “arbitrario” y “desproporcionado”. Según testimonios difundidos por los propios vecinos, la detención de Guzmán se produjo en medio de una protesta pacífica y estuvo acompañada de forcejeos, rotura de pancartas y presuntos excesos por parte de los efectivos.

El caso sumó además versiones de testigos que aseguran que no hubo agresión previa por parte de los manifestantes, lo que alimenta el reclamo por el acceso a registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido.

En este contexto, la movilización de hoy viernes no solo expresó el rechazo al peaje, sino que también funcionó como una respuesta colectiva ante lo que los vecinos consideran un avance sobre derechos básicos, como la libre circulación y el derecho a expresarse y peticionar a las autoridades. Esto se notó en la cantidad de vecinos que concurrieron a las cabinas a expresarse en una acción que por su magnitud es histórica para la mesa de trabajo.

Hasta el momento, no se conoció una versión oficial detallada sobre el procedimiento que derivó en los hecho de público conocimiento ni sobre los fundamentos de la imputación contra Guzmán. El conflicto, lejos de desescalar, parece ingresar en una nueva etapa de mayor visibilidad y organización vecinal, dado el gran aumento en la participación de ciudadanos.

 

Entre el 20 y el 28 de abril de 2026, los interesados deberán completar un formulario digital en la web del consejo y presentar, en sobre cerrado, la documentación requerida.

 

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal y luego de recibir numerosas denuncias anónimas al 0800-888-8080, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticularon una banda narco y detuvieron a tres personas en la ciudad de La Calera.

Las aprehensiones de tres hombres (dos mayores de edad y un menor) se realizaron en la vía pública, en calle Honduras s/n de barrio El Cenizal. Los sujetos estaban siendo investigados por una causa de narcomenudeo. Tras el palpado preventivo correspondiente, se secuestraron elementos relacionados a la causa.

En el mismo instante de las detenciones, se libró un allanamiento sobre calle Manuel Pizarro s/n del barrio anteriormente mencionado. Tras los registros, se incautaron 362 dosis de marihuana y 186 de cocaína y dinero en efectivo.

Cabe destacar que la banda fue modificando la modalidad de venta y los puntos de comercialización para evitar controles. Los investigados operaban en cercanías al domicilio allanado, realizaban ventas en la vía pública y con modalidad delivery, utilizando a distintos sujetos para concretar las transacciones (entre ellos un menor de edad).

Autoridades de la Fiscalía del Segundo Turno supervisaron el operativo y dispusieron el traslado de los aprehendidos y los secuestros a sede judicial, de acuerdo a lo establecido según la Ley Nacional de estupefacientes 23.737.

 

Tras varias horas de incertidumbre, en la madrugada de este jueves fue liberado Ariel Enrique Guzmán, el manifestante detenido durante una protesta en el sector del “Alto Nivel” de Valle Escondido. Según confirmaron integrantes de Vecinos Unidos de Córdoba y La Calera, la liberación se concretó alrededor de las 4:00, aunque el vecino quedó imputado por el delito de “resistencia a la autoridad”.

La detención había generado tensión durante toda la noche, ya que, pese a versiones iniciales que indicaban una pronta liberación, Guzmán permaneció en la Seccional 13 mientras se labraban actuaciones para su elevación a la Unidad Fiscal.

Una vez recuperada la libertad, el propio Guzmán difundió un mensaje en el que agradeció el apoyo recibido y negó haber incurrido en conducta violenta. “Solamente nos manifestábamos pacíficamente. Jamás agredí ni verbal ni físicamente a ningún policía ni autoridad”, sostuvo. Además, denunció haber sido víctima de un procedimiento irregular: “Nos rodearon, nos tiraron las pancartas, las quebraron y me detienen abusivamente”.

En la misma línea, otros manifestantes y vecinos que participaron de la protesta respaldaron su versión de los hechos. A través de mensajes difundidos en grupos vecinales, señalaron que la manifestación transcurría sin incidentes hasta la intervención policial, a la que calificaron como “temeraria” y “prepotente”. También denunciaron el secuestro y rotura de pancartas, y la presunta sustracción de un teléfono celular durante el operativo.

Uno de los testigos, identificado como Sergio Petrussa, afirmó haber estado “codo a codo” con Guzmán durante la manifestación y sostuvo que no se registraron agresiones por parte de los vecinos. Según su relato, el forcejeo se produjo tras la intervención de los efectivos, que —según denunció— rodearon a los manifestantes y avanzaron sobre ellos.

El episodio se inscribe en el conflicto que vecinos de Córdoba y La Calera mantienen desde diciembre de 2022 contra el cobro de un peaje que consideran ilegal. La protesta en Valle Escondido formaba parte de esa serie de acciones, que, según los organizadores, se realizan bajo la consigna de manifestación pacífica.

Tras la liberación, los vecinos ratificaron la convocatoria a una nueva movilización prevista para este viernes 17 de abril a las 19:00, en la que exigirán la eliminación del peaje y el cese de lo que consideran detenciones arbitrarias.

Hasta el momento, no se difundió una versión oficial detallada por parte de la Policía de Córdoba ni de la Fiscalía sobre el procedimiento, los hechos que derivaron en la imputación ni las denuncias realizadas por los manifestantes. El caso abre un nuevo foco de conflicto en torno al accionar de las fuerzas de seguridad y el ejercicio del derecho a la protesta en la provincia.

 

Un episodio de tensión se registró en las últimas horas en el sector de Valle Escondido, en la ciudad de Córdoba, donde un manifestante fue detenido por efectivos policiales mientras se desarrollaba una protesta en el marco de la inauguración de obras en la zona conocida como “Alto Nivel”.

Según informaron integrantes de la organización Vecinos Unidos de Córdoba y La Calera, la persona detenida fue identificada como Ariel Enrique Guzmán, quien participaba de una manifestación junto a otros referentes, entre ellos Sergio Petrussa, Ricardo Moyano y Jorge Altamira. De acuerdo a los testimonios, la protesta se desarrollaba de manera pacífica, en línea con una convocatoria previa que enfatizaba el carácter no violento de la acción.

Durante el procedimiento, testigos señalaron que los presentes reclamaron a los efectivos policiales la liberación de Guzmán, al grito de “No ha hecho nada, déjenlo”. Asimismo, indicaron que el propio manifestante solicitó a los agentes que no lo tocaran mientras era retirado del lugar.

Fuentes vinculadas a la protesta sostienen que la detención se enmarca en un conflicto más amplio que mantiene ese grupo vecinal desde diciembre de 2022. El eje del reclamo es el rechazo al cobro de un peaje en la zona, que consideran ilegal, así como a la ejecución de obras financiadas —según denuncian— con fondos provenientes de dicho sistema.

Tras la detención, Guzmán fue trasladado a la Seccional 13. Desde la organización convocante calificaron el hecho como “un atropello a la libertad de expresión y al derecho a la protesta”, y anunciaron una nueva movilización para el próximo viernes 17 de abril a las 19:00 horas.

Entre los puntos que impulsan en la convocatoria se destacan la eliminación del peaje cuestionado y la garantía del derecho a manifestarse sin detenciones que consideran arbitrarias.

Hasta el momento, no hubo información oficial detallada sobre las causas del procedimiento policial ni sobre la situación judicial del detenido. El episodio vuelve a poner en agenda la tensión entre las fuerzas de seguridad y sectores sociales movilizados en reclamos de carácter territorial y económico.