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Para comprender cómo llegamos hasta aquí con el funcionamiento del Concejo Deliberante, daremos una mirada al conflicto político e institucional para entender el rol del peronismo local y el funcionamiento del cuerpo legislativo
La situación actual del Concejo Deliberante de La Calera genera confusión entre muchos vecinos. Se habla de ausencias, reemplazos, quórum y del artículo 141 de la Ley 8102. Pero detrás de esos términos hay una pregunta más profunda: ¿qué está pasando políticamente en el peronismo local, que sigue siendo mayoría en distintos espacios de representación?
El conflicto no es nuevo. Viene desde el inicio de la gestión de Fernando Rambaldi, cuando comenzaron las tensiones por la organización interna del Concejo y la definición de sus autoridades. Con el tiempo, esas diferencias derivaron en una ruptura política dentro del propio peronismo y en una disputa que incluso llegó a la Justicia.
Uno de los puntos de quiebre fue la salida de la concejal Analía Marcos del esquema oficialista, lo que alteró el equilibrio interno. Más tarde, acuerdos políticos permitieron cierta estabilidad institucional, pero las tensiones nunca desaparecieron.
El nuevo conflicto: las ausencias
En 2026, el problema tomó otra forma: la inasistencia prolongada de concejales vinculados al sector rufeilista. Ante esa situación, el oficialismo aplicó el artículo 141 de la Ley 8102, que permite convocar suplentes cuando hay ausencias reiteradas para evitar la paralización del Concejo.
Este mecanismo no implica la pérdida de la banca, sino una suplencia temporal para garantizar el funcionamiento institucional. Es decir, el Concejo sigue operando mientras se mantiene la ausencia del titular.
La discusión de fondo
Aquí aparece el punto central del debate: ¿es legítimo que un grupo de concejales se ausente de manera prolongada como forma de posicionamiento político?
La ley prevé mecanismos para evitar que eso bloquee el funcionamiento del Estado local. Sin embargo, el conflicto político se traslada al plano del relato: para algunos es una “maniobra”, para otros es simplemente la aplicación de la norma.
Tres preguntas inevitables
En este contexto surgen tres inquietudes básicas que los vecinos tienen derecho a plantearse:
1. ¿El rufeilismo no tiene nada para proponerle a los vecinos de La Calera?
2. ¿Esa es la calidad política que pretendemos que nos gobierne o nos represente?
3. ¿Por qué los siguen quienes los siguen, si no presentan una sola propuesta concreta en el debate público?
Estas preguntas no buscan descalificar, sino abrir un debate necesario sobre el rol de la oposición y la responsabilidad de quienes ocupan bancas.
Mayorías, liderazgo y representación
Es importante también preguntarse qué está ocurriendo con los dirigentes del peronismo local, que en distintos momentos han sido mayoría electoral o institucional. La fragmentación interna, las disputas de liderazgo y la falta de una agenda común generan un escenario donde la representación se debilita y el debate político se empobrece.
¿El Concejo funciona o no?
Más allá de las interpretaciones, un dato es clave: el Concejo Deliberante continúa sesionando. La aplicación del artículo 141 permitió mantener el quórum y evitar la parálisis institucional.
Esto obliga a distinguir entre conflicto político y funcionamiento institucional. Puede haber tensiones, pero el órgano sigue operando.
Conclusión
La discusión en La Calera no debería reducirse a nombres propios ni a disputas internas. Lo central es entender si las instituciones funcionan y si los representantes cumplen su rol.
El oficialismo debe gobernar y explicar sus decisiones. La oposición debe controlar y proponer alternativas. Pero ambos deben garantizar algo básico: la presencia y el funcionamiento del Concejo.
Porque más allá de los nombres, las internas y las acusaciones, hay una pregunta que sigue abierta:
¿Están los dirigentes del peronismo local a la altura de la responsabilidad que les dieron los vecinos?
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