Desde el 23 de febrero el Concejo Deliberante de nuestra ciudad tuvo una accidentada sesión preparatoria, que hace dos meses puso al Legislativo Municipal en un limbo en el que aún permanece, y sigue trayendo novedades para la política calerense. Y esta vez llegan desde la Justicia.

La disputa se trasladó a la Justicia, donde los concejales opositores solicitaron al Tribunal Superior de Justicia intervenir. El Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen respaldando el reclamo de la oposición, sugiriendo una medida cautelar de "no innovar" y repetir la sesión en presencia de un veedor judicial. Mientras tanto, el oficialismo convocó a suplentes para reactivar el Concejo, aunque la situación está pendiente de la decisión judicial. El oficialismo argumenta que la Justicia debió convocarlos antes del dictamen y sostiene que tienen registro de que una concejal fue elegida como presidenta.


El oficialismo, ante la ausencia de Analía Marcos y los concejales de la oposición, recurrió al artículo 141 de la Ley Orgánica Municipal para convocar a suplentes y reactivar el Concejo. Sin embargo, solo la suplente de la concejal radical respondió al llamado. Aunque el sector de Juntos por la Calera considera que el Concejo está nuevamente activo, todo depende de la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TJS), que debe escuchar la versión del oficialismo antes de emitir una resolución.


 Además, desde el sector oficialista  se argumenta que la Justicia debería haberlos convocado antes del dictamen del Ministerio Público, y sostienen que Sofía Fernández Montero fue elegida como presidenta del Concejo tanto para sesiones extraordinarias como para el período ordinario de 2024, según consta en el libro de actas en su poder.

    

Mientras esperamos la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la situación política en La Calera permanece en un estado de incertidumbre. La comunidad calerense, así como las autoridades locales, están a la espera de una resolución que defina el rumbo institucional del Concejo y permita retomar el normal funcionamiento del órgano legislativo.