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Por Gustavo Restivo
En un reportaje brindado a este medio, la concejal Sofía Fernández Montero, integrante del bloque oficialista del Concejo Deliberante de La Calera, denunció con firmeza la conducta reiterada de los concejales de la oposición, quienes en las últimas semanas se retiraron de varias sesiones e interrumpieron el trabajo legislativo. Para Fernández Montero, esta práctica configura una falta grave y podría encuadrarse como un “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Durante la entrevista, la edil calificó de “inadmisible” la modalidad adoptada por bloques opositores como Unidos Hacemos por Calera, Hacemos por Córdoba y la concejal de la UCR, Analía Marcos, quienes en al menos tres ocasiones abandonaron el recinto cuando el oficialismo intentó avanzar con el tratamiento del nuevo reglamento interno del Concejo.
“Dieron quórum y después se retiraron sin autorización, dejando paralizada la sesión. Eso no es solo una falta de respeto institucional, sino una violación de lo que establece el reglamento y la ley 8102 que rige nuestra actividad legislativa”, sostuvo Fernández Montero.
Reforma en debate y resistencias
El conflicto se originó tras la presentación de un proyecto de reforma integral del reglamento interno, elaborado por el oficialismo con asesoramiento técnico y basado en modelos como el del Concejo Deliberante de Río Cuarto. El nuevo texto busca modernizar la normativa vigente desde 2009, contemplando entre otras cosas la grabación de sesiones, la digitalización de documentación y la regulación más precisa de licencias.
“No se entiende que se levanten diciendo que no tuvieron tiempo de leer 192 artículos, cuando el espacio para debatir justamente es el recinto”, afirmó Fernández Montero. “El trabajo legislativo serio se hace adentro del Concejo, no evadiendo las sesiones”.
La concejal también señaló que algunos ediles justificaron por correo electrónico su ausencia en sesiones convocadas para continuar el debate, pero consideró esa excusa insuficiente. “Justificar una ausencia no es mandar un mail media hora antes. Hay que presentar documentación válida. Esto es una función pública, no un compromiso personal optativo”.
Posibles sanciones
Fernández Montero adelantó que solicitó a la presidencia del Concejo la aplicación de sanciones económicas y administrativas, dado que ya se trata de la tercera inasistencia sin justificación sólida. También planteó que se evalúe si estas conductas pueden ser denunciadas formalmente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
“Nosotros estamos dispuestos a discutir todo, pero dentro del marco institucional. Levantarse cada vez que no se tienen los votos es un capricho político, no una acción legislativa responsable”, concluyó.
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