La Calera: paso histórico el oficialismo logra la ordenanza de “Ficha Limpia”

En una sesión intensa y con final unánime, el Concejo Deliberante de La Calera sancionó una ordenanza que impedirá ocupar cargos públicos a personas con condenas por delitos graves. Transparencia, ética y política en tiempo real.

En una jornada clave para la política local, el Concejo Deliberante de La Calera aprobó por unanimidad la ordenanza “Ficha Limpia”, que establece que ninguna persona con condenas por delitos contra la administración pública, la propiedad o la fe pública podrá ser candidata o designada para cargos municipales.

El proyecto, largamente trabajado por la doctora Sofía Fernández Montero, fue finalmente elevado a debate gracias al impulso del bloque oficialista, que actuó siguiendo un pedido expreso del intendente Fernando Rambaldi. El jefe comunal ha venido advirtiendo sobre la necesidad de fortalecer las barreras éticas dentro del Estado municipal, en un contexto en el que la corrupción heredada de gestiones anteriores continúa generando efectos políticos y judiciales.

La aprobación del texto se da también en un momento de especial sensibilidad: uno de los actuales concejales se encuentra elevado a juicio por la presunta Defraudación en perjuicio de la Administración Pública, junto a otros exfuncionarios de la administración de Rodrigo Rufeil. El nuevo marco normativo viene a establecer un límite claro ante estas situaciones y a reforzar la confianza institucional.

Durante el debate en comisión, se incorporaron artículos clave del Código Penal (Títulos 6 y 12) que incluyen delitos contra la propiedad y la fe pública. La oposición, si bien cuestionó la premura en el tratamiento y la ausencia de algunos ediles por viaje, decidió acompañar la ordenanza por su alto valor simbólico y ético.

El concejal Lucas Larrosa justificó el tratamiento inmediato señalando que “la sociedad pide que la política se limpie sola” y que La Calera no podía quedar rezagada mientras el Congreso Nacional discute una ley similar.

Pese a cuestionamientos por la celeridad del procedimiento, los bloques opositores acompañaron el proyecto, destacando su impacto simbólico. La ordenanza establece que no podrán ejercer funciones públicas quienes tengan condenas judiciales por corrupción, delitos contra la propiedad o contra la fe pública, incluso si la sentencia no está firme.

Con esta ordenanza, La Calera se convierte en un municipio pionero en Córdoba, elevando el estándar ético de su clase política y respondiendo a un reclamo social que atraviesa partidos y gestiones. La transparencia ya no es solo un discurso, sino una política concreta. Con esta decisión, el Concejo Deliberante responde al reclamo ciudadano con hechos y se anticipa al tratamiento nacional, convirtiendo a La Calera en referente en materia de gobernanza ética.