Por Gustavo Restivo
El Concejo Deliberante de La Calera vivió este miércoles una sesión encendida, cargada de simbolismo político y tensiones latentes. El motivo: un proyecto presentado por el bloque oficialista, que proponía declarar el beneplácito del cuerpo deliberativo por la ratificación judicial de la condena a la expresidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner en la causa Vialidad. El proyecto fue finalmente aprobado por cinco votos positivos contra cuatro negativos, pero el debate dejó expuestas dos visiones opuestas del rol institucional de los concejos municipales en temas de alcance nacional.
La corrupción como cáncer nacional
El concejal Larrosa defendió su iniciativa y los argumentos interpuestos con vehemencia . En su intervención, sostuvo que “la condena de CFK marca un hito histórico” y que los concejales tienen el deber moral de “no naturalizar la corrupción”. Para Larrosa, el juicio y la sentencia —avalados por distintas instancias judiciales— representan un punto de inflexión en la lucha contra uno de los “cánceres más grandes de la política argentina”.
Larrosa no dudó en calificar al kirchnerismo como “el gobierno más corrupto de la historia”, y señaló la responsabilidad de la exmandataria no solo desde lo legal, sino también desde una ética política. “Los que robaron deben ser condenados”, afirmó, en una arenga que pareció buscar más una reacción del recinto que un simple trámite legislativo.
En su discurso, además, hizo una alusión crítica al hecho de que haya concejales denunciados penalmente, "lo que el kirchnerismo fue para la nación, el rufeilismo lo fue para La Calera" aseveró, lo que convirtió al recinto en un espejo incómodo. “Sé que es un tema incómodo, y pretendo que nos incomode a todos”, disparó.
Institucionalidad y límites
En la vereda opuesta, la concejal Silvina Reinieri Asseff —con un tono más moderado y un discurso leído, cuidadosamente elaborado— rechazó el proyecto no por el contenido de fondo, sino por sus consecuencias institucionales. Para ella, aprobar un beneplácito por una condena judicial implica un acto de intromisión en el Poder Judicial, algo que “puede ser interpretado como una señal política que erosiona la independencia de la justicia”.
Reinieri cuestionó el uso partidario de un tema tan sensible: “La lucha contra la corrupción no debe ser una herramienta de confrontación, sino un objetivo común”. Advirtió también sobre el riesgo de que estas expresiones sean vistas como un “nuevo capítulo de la grieta”, que “construye muros en lugar de puentes”.
No negó la gravedad de los hechos que originaron la causa, pero enfatizó que “la verdadera lucha contra la corrupción comienza en casa”, es decir, con políticas de transparencia en el ámbito municipal. En esa línea, propuso redirigir las energías del cuerpo deliberativo hacia la rendición de cuentas local.
Dos visiones de la política
Lo que se debatió este miércoles no fue solo un proyecto simbólico: fue una interpretación en disputa sobre el lugar que ocupa la política local frente a los grandes temas nacionales. Larrosa apuesta por una política con gestos enfáticos y sentencias morales; Reinieri se inclina por una política más laxa, que priorice los equilibrios de poder y evite sobreactuaciones.
Ambas posturas reflejan un clima social atravesado por la desconfianza y la polarización. Y aunque la resolución fue aprobada, el debate dejó expuesta una pregunta que resuena más allá del recinto: ¿Hasta cuándo los cuerpos deliberativos seguirán eludiendo pronunciarse sobre hechos de corrupción cuando afectan a sus propios espacios políticos? ¿Y qué mensaje se transmite a la ciudadanía cuando se condena más la expresión que el delito mismo?
No hay comentarios:
Publicar un comentario