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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner no solo marca un hito en la política argentina: también envía una señal poderosa hacia abajo, hacia las estructuras judiciales provinciales que, durante años, han tenido en sus manos causas sensibles sin avanzar con firmeza. En Córdoba, y particularmente en La Calera, donde hay sectores del justicialismo imputados con más de veinte denuncias penales, el impacto del fallo puede leerse como una suerte de habilitación para actuar sin temor.
La figura de Cristina funcionaba como una suerte de escudo simbólico. Su influencia política y su centralidad dentro del movimiento peronista desalentaban —o al menos condicionaban— el accionar de muchas justicias provinciales. Procesar o avanzar contra dirigentes alineados con ella podía ser visto como una movida política arriesgada o inconveniente. Pero ese equilibrio se rompió.
Hoy, con una condena firme contra la principal líder opositora del país, el mensaje que baja desde la cúspide institucional es claro: ya no hay intocables. Y eso cambia las reglas de juego. La Justicia de Córdoba, en particular, tiene ahora la oportunidad —y el deber— de actuar con mayor decisión frente a casos como los que se investigan en nuestra ciudad, donde se sospecha de un entramado sistemático de desvío de fondos públicos, licitaciones direccionadas y enriquecimiento ilícito.
Más allá del tecnicismo judicial, lo que está en juego es la confianza pública. En tiempos donde la ciudadanía exige transparencia y castigo ejemplar frente a la corrupción, la inacción puede convertirse en complicidad. La condena a Cristina no solo despeja el camino legal: también quita excusas. Los jueces cordobeses ya no pueden alegar presión política o clima adverso. Si la Corte Suprema avanzó, ¿por qué no podrían hacerlo los jueces de acá?
Además, en un contexto donde el oficialismo nacional celebra la condena como un triunfo de la institucionalidad, la presión social para que las provincias hagan lo propio se intensifica. La coherencia judicial se convierte en una expectativa nacional. Y Córdoba, con sus antecedentes de autonomía política y su historia de alternancia partidaria, tiene condiciones para liderar esa expectativa.
El caso de La Calera, entonces, podría transformarse en un nuevo capítulo de una ola anticorrupción con sello federal. Pero para eso, hará falta voluntad judicial, coraje institucional y, sobre todo, decisión política de respetar los límites que la ley impone. La sentencia contra Cristina demostró que es posible. Ahora, es el turno de Córdoba.
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