El bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Córdoba quedó en el centro de la escena política tras el pedido de licencia del legislador Ernesto “Cañito” Flores y el apartamiento de dos personas vinculadas a su estructura legislativa, una de ellas detenida en una causa que investiga presuntos delitos de grooming y abuso sexual infantil.
La situación generó preocupación dentro de la bancada peronista, que todavía no mantuvo una reunión formal para analizar el impacto político del caso. Según publicó La Voz del Interior, algunos legisladores consideran conveniente evitar una sesión esta semana, mientras crece la inquietud por una eventual ampliación del escándalo hacia otros asesores legislativos.
En los pasillos de la Legislatura, el episodio es comparado con anteriores controversias que involucraron a representantes y personal contratado. La referencia al caso de la denominada “empleada fantasma” refleja el temor a que el episodio vuelva a instalar cuestionamientos sobre los mecanismos de selección, control y seguimiento de quienes integran los equipos de los legisladores.
Leonardo Limia quedó señalado como uno de los dirigentes encargados de brindar explicaciones públicas sobre el caso. Otros legisladores que habían asumido protagonismo durante el episodio que involucró a Kraisman optaron esta vez por mantener distancia.
Desde la oposición, la reacción también fue dispar. La UCR reclamó el apartamiento de Flores, mientras Encuentro Vecinal pidió su suspensión. Otros sectores evitaron formular cuestionamientos públicos.
El episodio vuelve a colocar bajo discusión no sólo la situación particular de Flores, sino también los controles políticos e institucionales sobre los asesores legislativos y la responsabilidad de quienes los incorporan a sus equipos. La investigación judicial determinará las responsabilidades penales; la Legislatura deberá afrontar, mientras tanto, el costo político y la discusión sobre sus propios mecanismos de control.
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