El simbronazo a la casta de La Calera.

En la política cordobesa, el término “casta” suele usarse como una consigna fácil, destinada a señalar privilegios, redes de poder y dirigentes que se perpetúan en los espacios de decisión. Sin embargo, en ciudades como La Calera, esa palabra adquiere una dimensión concreta cuando se la vincula con hechos administrativos que reclaman explicaciones, responsabilidades y transparencia.

El caso que volvió a encender las alarmas es el otorgamiento de una licencia de conducir a Oscar González, exlegislador provincial, en un contexto particularmente sensible. González está involucrado en el grave siniestro vial ocurrido en las Altas Cumbres en octubre de 2022, que dejó una víctima fatal y heridos. A partir de aquel episodio, la discusión pública no se limitó a su conducta individual: expuso las fallas de los mecanismos de control estatal y las posibles ventajas derivadas de ocupar o haber ocupado una posición relevante de poder.

Que La Calera haya quedado asociada al trámite de una licencia para González exige una respuesta institucional clara. No se trata de prejuzgar ni de reemplazar a la Justicia, sino de establecer si el procedimiento cumplió estrictamente con la normativa vigente: requisitos psicofísicos, documentación, exámenes, competencia territorial y condiciones legales para conducir. En un Estado serio, las reglas deben aplicarse del mismo modo a un vecino anónimo que a un exfuncionario con extensa trayectoria política.

El problema se agrava porque la gestión local de entonces encabezada por Rodrigo Rufeil y porque el apellido Rufeil constituye, desde hace años, una referencia central del poder político calerense. La gravitación de los Rufeil, con proyección provincial y vínculos políticos relevantes, alimenta inevitablemente una percepción de concentración de poder. Esa percepción no equivale por sí misma a una prueba de ilegalidad, pero sí configura un problema democrático cuando la ciudadanía advierte que los controles parecen insuficientes o que la información llega tarde, de modo fragmentario y por presión mediática.

La cuestión de fondo no es únicamente si hubo una irregularidad puntual en la emisión de un carnet. Es saber si los organismos municipales cuentan con independencia técnica frente a las solicitudes de figuras políticas influyentes. También importa conocer quién intervino en el expediente, qué fechas registran los sistemas, qué certificados se presentaron, si hubo excepciones (favores) y bajo qué fundamento normativo se tomó cada decisión.

Rodrigo Rufeil tiene, en este escenario, una obligación política que excede cualquier responsabilidad jurídica individual: garantizar que la administración pública no funcione como una extensión de las lealtades personales o partidarias. El silencio, las explicaciones incompletas o la reducción del caso a una operación política solo profundizan la desconfianza.

La Calera no necesita defensas corporativas; necesita instituciones auditables. Publicar el expediente administrativo —con los datos personales sensibles debidamente resguardados—, promover una investigación independiente y establecer protocolos transparentes para la emisión de licencias serían pasos elementales. La verdadera ruptura con la casta no se declama: se demuestra cuando el poder acepta ser controlado y cuando el apellido de un dirigente no modifica el funcionamiento de la ley.

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