Antes que un caño de acero de tres metros de diámetro, el acueducto El Diquecito–La Calera representa una deuda histórica con los vecinos. Durante décadas, una infraestructura construida en 1913 convivió con el crecimiento urbano sin recibir la renovación estructural que su antigüedad exigía. El resultado fue conocido por quienes viven en los barrios Stoecklin e Industrial: filtraciones permanentes, calles deterioradas, viviendas afectadas por la humedad y un problema que parecía no encontrar una solución definitiva. El reciente llamado a licitación para reemplazar el conducto marca, por primera vez, el inicio de un cambio de fondo.
La obra, impulsada por el Gobierno de Córdoba dentro del plan de refuncionalización del sistema de agua potable del Gran Córdoba, llega después de años de gestiones en la Municipalidad de La Calera. El acueducto depende exclusivamente de la Provincia, tanto en su operación como en su mantenimiento, por lo que el municipio no posee competencia directa sobre esa infraestructura. Sin embargo, ello no impidió que la administración actual interviniera con maquinaria, personal y recursos propios para facilitar reparaciones de emergencia mientras insistía en una solución definitiva.
La pregunta inevitable es por qué una infraestructura estratégica, que abastece a buena parte del Gran Córdoba y supera los 110 años de servicio, permaneció tanto tiempo sin una intervención integral. Aunque no podemos responder esa incógnita, el análisis político permite advertir una combinación de factores: una obra costosa, de jurisdicción provincial y prácticamente invisible para la ciudadanía porque transcurre bajo tierra. Durante muchos años prevalecieron los arreglos provisorios sobre las decisiones estructurales, postergando una inversión que hoy aparece como ineludible.
Paradójicamente un fenómeno frecuente en la administración pública es que quien rompe la inercia y enfrenta una deuda histórica suele cargar con el costo político de las molestias que implica comenzar a resolverla. Con más de un siglo de servicio, el acueducto presenta fisuras a lo largo de todo su recorrido, agravadas tras el aumento de caudal registrado en 2025. Las pérdidas constantes provocaron patios inundados, humedad y fisuras en viviendas de calle José Hernández y alrededores, hundimientos y roturas del pavimento —entre ellas el de la calle Sucre, bacheada íntegramente por el Municipio al inicio de la gestión— y un riesgo estructural que los propios vecinos advirtieron una y otra vez.
En ese contexto, la gestión encabezada por el intendente Fernando Rambaldi adoptó una posición diferente. En lugar de limitarse a señalar que el conducto no pertenece al municipio, asumió un rol activo en las gestiones ante la Provincia y acompañó técnicamente las reparaciones temporales mientras reclamaba una solución definitiva.
Las obras que transforman una ciudad no siempre son las más visibles. Muchas permanecen ocultas bajo el pavimento, lejos de las fotografías inaugurales, pero son las que garantizan seguridad, preservan viviendas y previenen daños futuros. Gobernar también consiste en hacerse cargo de aquello que los vecinos necesitan, aun cuando las competencias administrativas correspondan a otro nivel del Estado. El reemplazo del acueducto centenario representa precisamente ese tipo de decisión: una inversión que quizás no cambie el paisaje urbano de inmediato, pero que apunta a resolver un problema que durante demasiado tiempo permaneció enterrado, tanto bajo el suelo como en la agenda pública.
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