La reciente resolución del ERSeP que autoriza aumentos tarifarios para la Asociación Cooperativa Colón Punilla Agua y Saneamiento S.A. expone, una vez más, una tensión estructural en la regulación de servicios públicos: el delicado equilibrio entre la sustentabilidad económica del sistema y la capacidad de pago de los usuarios.
El ajuste aprobado no es menor. En el caso del agua mayorista, el incremento alcanza el 22,06%, superando incluso el 16,61% originalmente solicitado por la prestadora. La razón es técnica: el informe de costos incorporó un elemento determinante —el impacto de la energía eléctrica— que elevó el costo real de prestación. En términos estrictamente económicos, la decisión es consistente: se trata de recomponer tarifas atrasadas frente a una estructura de costos en expansión.
Sin embargo, el punto crítico no reside en la matemática, sino en el modelo.
El esquema adoptado por el ente regulador responde a una lógica de “traslado de costos”, donde la tarifa funciona como un espejo casi directo de la estructura operativa del prestador. Este enfoque, habitual en contextos inflacionarios, garantiza la continuidad del servicio, pero debilita los incentivos a la eficiencia. Si todo aumento se transfiere al usuario, el sistema pierde presión interna para mejorar productividad, reducir pérdidas o innovar en gestión.
La propia resolución deja entrever esta tensión. El voto en disidencia dentro del directorio advierte sobre la falta de una evaluación integral del servicio: no se pondera con suficiente profundidad la calidad, continuidad ni eficiencia de la prestación. En otras palabras, se ajusta el precio sin medir con igual rigor el valor entregado.
Este punto es clave. En economías inestables, la regulación no puede limitarse a validar costos; debe también ordenar incentivos. De lo contrario, el riesgo es doble: por un lado, consolidar estructuras ineficientes; por otro, trasladar al usuario no solo la inflación, sino también las ineficiencias del sistema.
A ello se suma un factor insoslayable: el contexto social. Los aumentos aprobados —que también impactan en servicios cloacales y cargos especiales— se acumulan sobre una estructura de ingresos deteriorada. La advertencia del voto negativo no es menor: la razonabilidad tarifaria no puede abstraerse de la realidad económica.
En definitiva, la resolución del ERSeP no es excepcional; es representativa. Refleja un modelo regulatorio que prioriza la sostenibilidad del prestador, pero que aún no logra integrar de manera equilibrada eficiencia, calidad y protección del usuario.
El desafío, hacia adelante, no será solo ajustar tarifas, sino redefinir el contrato implícito entre Estado, empresas y ciudadanos. Porque cuando el agua —el más básico de los servicios— se vuelve un problema tarifario, lo que está en juego no es solo un cuadro de costos, sino la legitimidad misma del sistema.
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