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Unicameral nuevo programa de la Provincia para la regularización de deudas de familias


Por ley, los legisladores aprobaron la creación del “Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar”, destinado a reducir el impacto económico de los grupos familiares cordobeses afectados. Bancos y entidades emisoras de tarjetas que adhieran deberán ofrecer mecanismos de consolidación, refinanciación o reestructuración de las deudas.

La Legislatura de Córdoba convirtió en ley el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, una iniciativa del Ejecutivo provincial destinada a facilitar la regularización de deudas de familias cordobesas que atraviesan dificultades económicas y financieras para afrontar sus obligaciones. La aprobación de la ley se dio este miércoles por la noche, durante el transcurso de la 15ª sesión ordinaria de 2026 de la Unicameral correspondiente al 148° período legislativo. 

La nueva ley tiene como objetivo “reducir y/o mitigar el impacto económico y financiero que soportan las familias cordobesas como consecuencia de la situación macroeconómica del país, especialmente en relación a aquellas obligaciones derivadas de préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y gastos vinculados a subsistencia o necesidades básicas del hogar”.

Más precisamente, el programa busca reducir el costo financiero, evitar el deterioro de la situación de los endeudados y favorecer la recuperación progresiva de su capacidad económica

La decimoquinta sesión ordinaria de 2026 arrancó en las primeras horas de la tarde y se extendió hasta pasadas las 22.30. Fue conducida por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Por momentos, también manejaron el pleno el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y la vicepresidenta del cuerpo legislativo, Julieta Rinaldi

El nuevo programa provincial establece quelos bancos y las entidades emisoras de tarjetas que adhieran deberán ofrecer mecanismos de consolidación, refinanciación o reestructuración de las deudas bajo condiciones específicamente fijadas por la ley. En otros términos, deberán instrumentar líneas especiales de financiamiento para las personas alcanzadas por el programa.

Las operaciones tendrán una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35 por ciento y podrán cancelarse en un plazo de entre 24 y 48 cuotas mensuales.

Por otra parte, se establece como autoridad de aplicación del programa al Ministerio de Economía, o al organismo que en el futuro lo sustituya, que dictará las normas instrumentales que considere necesarias en el ámbito de su competencia para la aplicación de lo dispuesto en la ley.

Se podrán refinanciar deudas originadas en préstamos personales, saldos de tarjetas de crédito y otras modalidades de financiamiento que sirven para solventar gastos ordinarios relacionados con la subsistencia o las necesidades básicas del hogar. 

Los grupos familiares endeudados tendrán un plazo de 90 días para realizar el trámite pertinente para adherir al programa, a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial de la Provincia. Deberán reunir determinadas condiciones económicas, financieras y patrimoniales que definirá la autoridad de aplicación.

La explicación de los principales aspectos del programa estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Unicameral, legislador Ricardo Sosa, quien señaló: “Se busca generar una herramienta para las familias cordobesas que tuvieron dificultades para afrontar sus deudas y que necesitan refinanciarlas. Más exactamente, el objetivo es tratar de evitar que la situación de las familias endeudadas siga empeorando y darles la posibilidad de que puedan reordenarse”.

A su turno, el legislador Oscar Agost Carreño detalló los alcances del despacho de la minoría.

Participaron en el tratamiento de la nueva ley el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro; y el secretario general del Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba, Aldo Rivas.

El legislador Facundo Torres Lima hizo alusión y saludó, precisamente, al Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba en ocasión de cumplirse este 2 de septiembre 35 años del día en que se firmó su acta fundacional y quedó conformada su primera comisión directiva.

Más info sobre el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar. 

Beneplácito por la liberación de Paola Ortiz

Además, en la 15ª sesión ordinaria de la Unicameral, se aprobó el beneplácito de la Legislatura por la liberación de Paola Verónica Ortiz

El beneplácito fue posible tras el proyecto presentado por la legisladora Noelia Agüero y señala que la libertad de Ortiz se logró “tras 13 años de injusta detención, gracias a las acciones de sus abogadas Julia Luna y Rocío García Garro. y al impulso colectivo del movimiento transfeminista”.

Minuto de silencio

Antes de finalizar la sesión, se hizo un minuto de silencio en homenaje a la memoria de la exdiputada provincial Thelma Angeloz de Ninci, recientemente fallecida y hermana del exgobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz.



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Llaryora anunció Ingresos Brutos Cero para más PyMEs que facturan hasta $4.500 millones



En el marco de la celebración por el Día de la Industria, el gobernador Martín Llaryora anunció este miércoles una ampliación de los beneficios para las PyMEs industriales de Córdoba y la creación de un nuevo régimen simplificado para facilitar el acceso a las herramientas de promoción.

Las medidas forman parte del proyecto de Ley de Promoción Industrial Unificada que el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura y que establece un nuevo marco de incentivos para promover inversiones, modernización tecnológica y generación de empleo privado formal.

Uno de los principales cambios será la ampliación del Régimen Simplificado: el tope de ingresos anuales de las empresas que podrán acceder a Ingresos Brutos Cero pasará de los actuales $3.200 millones a $4.500 millones.

Este nuevo esquema reducirá trámites y establecerá un mecanismo automático más ágil y dinámico para acceder provisoriamente al beneficio, con el objetivo de agilizar la incorporación de industrias al régimen de promoción.

La actividad se desarrolló en la sede de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), con la participación de autoridades empresarias y funcionarios del Gobierno provincial.

Durante su discurso, Llaryora destacó que la iniciativa es resultado del consenso y del trabajo conjunto entre la Provincia y los distintos sectores industriales.

“La mejor manera de festejar el Día de la Industria es en su casa, defendiendo al sector, pero no solo con palabras, sino presentando la ley”, sostuvo.

El mandatario remarcó que el proyecto apunta a generar mejores condiciones para la radicación de nuevas industrias, la ampliación de las existentes y la creación y sostenimiento de puestos de trabajo privados formales.

“Córdoba crecerá con industria, nunca sin industria, menos contra la industria. Y esa convicción hoy tiene que estar más viva que nunca”, afirmó.

Llaryora también valoró el esfuerzo que realizan las empresas para sostener el empleo en el actual contexto económico nacional: “En Córdoba nuestros industriales pelean y pelean todos los días para no dejar gente afuera”.

“Hay que defender la industria, y en Córdoba la defendemos con hechos”, subrayó.

Un régimen más simple para las PyMEs

La nueva Ley de Promoción Industrial Unificada concentrará en un solo cuerpo distintos marcos normativos vigentes y establecerá dos vías de acceso a los beneficios, de acuerdo con las características y la escala de cada empresa: un Régimen Simplificado y un Régimen General.

El Régimen Simplificado estará destinado a empresas con ingresos anuales de hasta $4.500 millones, elevando en $1.300 millones el límite actual de $3.200 millones y ampliando así el universo de PyMEs que podrán acceder a esta modalidad.

Para ingresar al régimen, las empresas deberán realizar una inversión en activos fijos equivalente o superior al 1,20% de la base imponible de Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio anterior.

Entre sus principales beneficios se encuentra la exención anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Además, una de las novedades centrales será la simplificación del procedimiento: las empresas podrán obtener un beneficio provisorio mediante un trámite automático, reduciendo tiempos y exigencias administrativas para incorporarse al régimen.

De esta manera, la Provincia busca facilitar el acceso de más PyMEs a las herramientas de promoción y acompañar a aquellas firmas que decidan invertir y ampliar su actividad en Córdoba.

Por su parte, el Régimen General estará orientado a proyectos de inversión de distintas escalas y mayor impacto. Para acceder, los proyectos deberán alcanzar inversiones equivalentes al 10% o 20% en activos fijos, según el tamaño de la empresa, o cumplir con los montos nominales establecidos para cada escala empresarial.


Ley Promoción Industrial SimplificadaokDescarga

Hasta 15 años de beneficios fiscales y subsidios para generar empleo

Para los proyectos incluidos en el Régimen General, la nueva normativa prevé 10 años de beneficios fiscales, con una exención del 100% en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario.

Además, las empresas podrán recibir durante un año un subsidio equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nuevo trabajador incorporado.

Los incentivos serán mayores para determinadas inversiones consideradas estratégicas. Los proyectos de mayor impacto que se radiquen en zonas estratégicas del Noroeste y Sur provincial, así como las industrias que inviertan y se radiquen en parques industriales, podrán acceder a 15 años de beneficios fiscales.

En estos casos, el acompañamiento para la generación de empleo también se ampliará: el subsidio salarial podrá alcanzar dos años por cada nuevo trabajador incorporado.

La propuesta incorpora así mecanismos de coinversión del Estado vinculados directamente con la creación de nuevos puestos de trabajo privados.

Incentivos para invertir, innovar y radicarse en parques industriales

La nueva normativa contempla tres modalidades de inversión alcanzadas por los beneficios.

La primera está vinculada a activos fijos, orientada a la radicación y desarrollo de nuevas inversiones productivas.

La segunda corresponde a Industria 4.0 y está destinada exclusivamente a PyMEs que incorporen nuevas tecnologías, inteligencia artificial y procesos innovadores.

La tercera contempla incentivos específicos para proyectos de inversión y radicación en parques industriales.

Una ley elaborada junto al sector industrial

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, puso en valor la decisión del Gobierno provincial de construir la nueva normativa junto al sector industrial y sostuvo que “no hay otra forma de llevar adelante una política pública de desarrollo productivo de nueva generación si no se realiza en conjunto con el sector privado”.

En ese sentido, ratificó la voluntad de la Provincia de acompañar “siempre a los que invierten, generan trabajo y desarrollo en la provincia” y afirmó: “Esto es un paso trascendente”.

Córdoba cuenta con herramientas de promoción industrial desde 1942. El nuevo proyecto es resultado de un proceso de diálogo, escucha activa y trabajo conjunto entre la Provincia y el sector industrial, que permitió relevar las necesidades y propuestas de las empresas para actualizar esta política de Estado.

Por su parte, el presidente de la UIC, José María Manuali, consideró que la nueva ley representa un paso clave para el sector y destacó que su elaboración permitió identificar los desafíos concretos que enfrentan los industriales cuando buscan invertir, ampliar una planta, incorporar tecnología o generar nuevos puestos de trabajo.

“Desde la Unión Industrial recogimos esas necesidades y las trabajamos. Encontramos en el Gobierno provincial la decisión de sentarnos a una misma mesa para buscar soluciones, y quiero reconocer especialmente al gobernador Llaryora esa decisión, porque el trabajo conjunto cobra verdadero valor cuando se traduce en resultados concretos”, resaltó.

Con esta iniciativa, Córdoba busca ampliar el acceso de las PyMEs a la promoción industrial, reducir las cargas administrativas y generar mejores condiciones para nuevas inversiones.

Al mismo tiempo, el proyecto apunta a acompañar la modernización tecnológica de las empresas, fortalecer los parques industriales y promover la creación de empleo privado formal en las distintas regiones de la provincia.




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Caputo prepara un anuncio económico antes de una jornada clave en Diputados





El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en la que anunciará nuevas medidas económicas, en un contexto marcado por el avance legislativo del programa del Gobierno de Javier Milei.

La presentación está prevista para las 10 en el Palacio de Hacienda y se producirá pocas horas antes del tratamiento en la Cámara de Diputados de dos proyectos considerados estratégicos por el oficialismo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la denominada ley de Inocencia Fiscal.

El contenido del anuncio se mantiene bajo reserva. La decisión de comunicar las medidas antes del debate parlamentario, sin embargo, otorga al mensaje de Caputo una relevancia política y económica adicional, especialmente porque ambas iniciativas buscan modificar instrumentos vinculados con el funcionamiento del sistema financiero y el régimen fiscal.

La reforma del BCRA se inscribe en la estrategia oficial de consolidar un esquema monetario basado en el equilibrio fiscal y limitar los mecanismos que permitieron financiar al Tesoro mediante emisión. En paralelo, el proyecto de Inocencia Fiscal apunta a modificar las condiciones bajo las cuales los contribuyentes pueden justificar el origen de sus fondos, con el objetivo declarado de favorecer la formalización de capitales.

Las iniciativas forman parte de la agenda económica con la que el Gobierno busca consolidar su programa de cara a 2027. En la Casa Rosada sostienen que cuentan con los votos necesarios para aprobar ambas propuestas en Diputados.

El anuncio se conoció después de una reunión de la mesa política del Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro se extendió durante más de dos horas y media y tuvo como eje la estrategia parlamentaria y económica de las próximas jornadas.

Con el mercado y el Congreso como escenarios simultáneos, Caputo deberá precisar si las medidas anticipan una nueva etapa del programa económico o si se trata de ajustes destinados a reforzar el rumbo vigente.

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El Gobierno se aferra al optimismo económico ante cifras alentadoras



En las dependencias de la Casa Rosada se respiró un aire de alivio tras la divulgación de los últimos datos económicos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Estas cifras, que reflejan mejoras en la economía, han generado un clima de optimismo en un contexto complejo, lo que alimenta la esperanza de que hacia finales de año la actividad económica pueda acelerar su crecimiento.

Las fuentes vinculadas al bloque libertario han resaltado el crecimiento del 2,7% en la actividad económica de junio en comparación con el mismo mes del año anterior. Este aumento se posiciona como la segunda mayor alza del año, solo superada por el incremento del 6,2% registrado en marzo, según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE).

Adicionalmente, se ha observado un leve crecimiento mensual del 0,8% frente a mayo. El índice serie-tendencia-ciclo, que elimina factores de estacionalidad, también mostró un crecimiento de 0,2%. Estos resultados han llevado a algunos funcionarios a considerar que se pueden comenzar a generar ciclos expansivos que impacten positivamente en los ingresos de las clases media y baja, un aspecto que ha sido central en los reclamos de la oposición y de diversos sectores sociales.

No obstante, desde Balcarce 50 son conscientes de que se necesitan más logros para consolidar esta tendencia. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, ha manifestado la necesidad de “mayor velocidad en los resultados” para que la población perciba cambios en su economía familiar. Este análisis es compartido dentro del oficialismo.

Los funcionarios han señalado que las reformas estructurales implementadas por el presidente Javier Milei son complejas y requieren tiempo para mostrar resultados. Tanto la desregulación como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) no presentan efectos inmediatos, explican desde el gobierno.

Un miembro del Gabinete ha admitido que es necesario contar con más recursos en los bolsillos de los ciudadanos para que el consumo aumente. Sin embargo, ha expresado su confianza en que la situación de los trabajadores, tanto formales como informales, “va a mejorar” a partir de noviembre y diciembre, tal como ha manifestado el Presidente en varias reuniones.

Por otro lado, se han registrado protestas de la CGT en el Palacio de Hacienda, exigiendo un plan de salvataje para aquellos endeudados con bancos y billeteras virtuales. Desde Balcarce 50 han calificado esta movilización como “política”, argumentando que no estuvieron presentes quienes realmente enfrentan problemas financieros. Se ha señalado, además, que los dirigentes sindicales que impulsaron la protesta no representan a los deudores reales, “buscando sintonizar con las bases”, según han declarado fuentes oficiales.

Fuente: NA

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Milei se reunió con Georgieva, quien pidió «mantener las reformas» para «impulsar el crecimiento»

 



El presidente Javier Milei recibió este lunes en Casa Rosada a la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk.

«Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento», sostuvo Georgieva apenas finalizado el encuentro. 

En primer lugar, la ejecutiva búlgara había tenido una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la sede de esa cartera, donde además dio una conferencia de prensa.Kristalina Georgieva destacó la solidez del programa económico

Tras la reunión con Milei, se realizó un encuentro del Gabinete ampliado junto a Georgieva y otras autoridades del FMI.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

También participaron el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.

Gabinete ampliado con autoridades del FMI.

Una vez terminadas las reuniones, Georgieva utilizó sus redes sociales y escribió un mensaje donde expresó su agradecimiento al mandatario argentino.

«Gracias, Presidente @JMilei, por una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino», sostuvo la directora del FMI.Milei y Georgieva.


Fuente: NA

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Tarifas de agua en Córdoba: entre la lógica de costos y el límite social

 


La reciente resolución del ERSeP que autoriza aumentos tarifarios para la Asociación Cooperativa Colón Punilla Agua y Saneamiento S.A. expone, una vez más, una tensión estructural en la regulación de servicios públicos: el delicado equilibrio entre la sustentabilidad económica del sistema y la capacidad de pago de los usuarios.

El ajuste aprobado no es menor. En el caso del agua mayorista, el incremento alcanza el 22,06%, superando incluso el 16,61% originalmente solicitado por la prestadora. La razón es técnica: el informe de costos incorporó un elemento determinante —el impacto de la energía eléctrica— que elevó el costo real de prestación. En términos estrictamente económicos, la decisión es consistente: se trata de recomponer tarifas atrasadas frente a una estructura de costos en expansión.


Sin embargo, el punto crítico no reside en la matemática, sino en el modelo.

El esquema adoptado por el ente regulador responde a una lógica de “traslado de costos”, donde la tarifa funciona como un espejo casi directo de la estructura operativa del prestador. Este enfoque, habitual en contextos inflacionarios, garantiza la continuidad del servicio, pero debilita los incentivos a la eficiencia. Si todo aumento se transfiere al usuario, el sistema pierde presión interna para mejorar productividad, reducir pérdidas o innovar en gestión.

La propia resolución deja entrever esta tensión. El voto en disidencia dentro del directorio advierte sobre la falta de una evaluación integral del servicio: no se pondera con suficiente profundidad la calidad, continuidad ni eficiencia de la prestación. En otras palabras, se ajusta el precio sin medir con igual rigor el valor entregado.

Este punto es clave. En economías inestables, la regulación no puede limitarse a validar costos; debe también ordenar incentivos. De lo contrario, el riesgo es doble: por un lado, consolidar estructuras ineficientes; por otro, trasladar al usuario no solo la inflación, sino también las ineficiencias del sistema.

A ello se suma un factor insoslayable: el contexto social. Los aumentos aprobados —que también impactan en servicios cloacales y cargos especiales— se acumulan sobre una estructura de ingresos deteriorada. La advertencia del voto negativo no es menor: la razonabilidad tarifaria no puede abstraerse de la realidad económica.

En definitiva, la resolución del ERSeP no es excepcional; es representativa. Refleja un modelo regulatorio que prioriza la sostenibilidad del prestador, pero que aún no logra integrar de manera equilibrada eficiencia, calidad y protección del usuario.

El desafío, hacia adelante, no será solo ajustar tarifas, sino redefinir el contrato implícito entre Estado, empresas y ciudadanos. Porque cuando el agua —el más básico de los servicios— se vuelve un problema tarifario, lo que está en juego no es solo un cuadro de costos, sino la legitimidad misma del sistema.



La normalidad económica argentina, sigue siendo alta.


 La inflación de marzo en Córdoba, ubicada en torno al 3,2%–3,4% mensual, marca un punto de inflexión relevante: se interrumpe el proceso de desaceleración observado en meses previos y se consolida un nivel de inflación todavía elevado. En términos anualizados, este ritmo implica una dinámica cercana al 45–50%, lo que evidencia que la nominalidad de la economía argentina continúa siendo alta.

El dato desagregado permite identificar tres motores principales. En primer lugar, los precios regulados explican una parte sustancial del incremento. Rubros como vivienda, servicios públicos y transporte mostraron subas significativas, vinculadas a ajustes en tarifas, combustibles y alquileres. Este fenómeno responde a una decisión de política económica: corregir precios relativos atrasados. De hecho, los regulados crecieron 4,9% y explican una proporción considerable de la inflación mensual.

En segundo lugar, persiste una inflación núcleo elevada (2,9%), lo que indica que la inercia inflacionaria sigue activa. Esto se observa especialmente en servicios, que aumentaron 3,5%, por encima de los bienes (2,9%). La dinámica de servicios suele estar asociada a salarios, contratos indexados y menor competencia, lo que dificulta una desaceleración rápida.

En tercer lugar, los alimentos, particularmente la carne, continúan ejerciendo presión. Aunque el promedio del rubro se alineó con el índice general, se registraron subas puntuales más intensas, con impacto directo en el poder adquisitivo.

A este cuadro se suma un elemento central señalado por Juan Carlos de Pablo: la existencia de un “factor ausente”. El aumento internacional de la energía, asociado a tensiones geopolíticas en torno al Estrecho de Ormuz, aún no se trasladó plenamente a los precios locales. A diferencia de otras economías, donde el impacto fue inmediato, en Argentina este efecto aparece rezagado debido a regulaciones, controles y la administración del tipo de cambio.

Esto implica que la inflación actual podría estar subestimando presiones futuras. Es decir, parte del ajuste todavía no ocurrió, sino que se encuentra diferido. En este contexto, el riesgo no es un salto abrupto, sino una persistencia en niveles elevados, con posibilidad de nuevos impulsos si se trasladan los costos energéticos.

La reacción del presidente Javier Milei, calificando el dato como negativo pero explicable, refleja esta tensión: el gobierno busca consolidar la desinflación sin recurrir a intervenciones distorsivas. En síntesis, la economía argentina transita un proceso de estabilización incompleto, donde conviven correcciones necesarias, inercia inflacionaria y riesgos externos aún latentes.

Tarifas Peajes de la RAC. Empresa: Caminos de las Sierras – Abril 2026

 


La Empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la RAC (Red de Accesos a Córdoba), actualizará su cuadro tarifario, a partir de las 0 hs. del día jueves 9 de Abril.

El mismo se calcula según las modificaciones en el Coeficiente de Variación de Costos (CVC), desde diciembre de 2025 hasta febrero 2026, de acuerdo a los términos establecidos por la Resolución General N°108.

El nuevo valor referencial de la tarifa para los automovilistas (Categoría 2) será $ 1.762,25.

Para quienes abonen de forma manual en la vía, se aplicará el Recargo, llegando la Tarifa a $3.000.

En tanto, la tarifa para quienes utilizan el TelePEAJE de Caminos de las Sierras será de $ 1.674,14 de la pasada 1 hasta la 10, continuando con la aplicación de los descuentos de acuerdo a la cantidad de pasadas que se realicen mensualmente por la estación de peaje.

Nuevo Cuadro Tarifario