En La Calera existe una disputa política que excede las paredes del Concejo Deliberante. El enfrentamiento entre el oficialismo del intendente Fernando Rambaldi y el sector peronista identificado con el rufeilismo tiene una dimensión institucional, pero también otra disputa menos visible: la construcción del relato con el que cada espacio intenta explicarles a los vecinos qué está ocurriendo.
El conflicto no comenzó ahora. La ruptura de la concejal Analía Marcos con el oficialismo modificó la relación de fuerzas dentro del Concejo y desencadenó, en 2024, una disputa por las autoridades del cuerpo que terminó judicializada. En aquel momento, el Tribunal Superior de Justicia intervino frente a una situación que había llevado al Concejo a una virtual paralización.
Sin embargo, trasladar automáticamente aquella fotografía al presente puede llevar a una interpretación equivocada.
En julio de 2026, el Concejo Deliberante volvió a contar con la totalidad de sus bancas activas mediante la convocatoria temporal de concejales suplentes, un mecanismo contemplado por el artículo 141 de la Ley Orgánica Municipal N.º 8102.
Este dato no es menor. Frente a una situación institucional que podía afectar el normal funcionamiento del cuerpo, el oficialismo adoptó las medidas que la legislación establece para garantizar que el Concejo pudiera continuar funcionando.
Y aquí aparece una diferencia que resulta necesario señalar: una cosa es cuestionar políticamente una decisión y otra muy distinta es afirmar que el oficialismo no hace aquello que institucionalmente le corresponde hacer.
El cumplimiento de la ley no debería ser presentado como una "maniobra", una "embestida" o una acción extraordinaria. Cuando existen mecanismos legales previstos para garantizar el funcionamiento de un órgano democrático, utilizarlos es precisamente cumplir con las responsabilidades que corresponden.
Del mismo modo, resulta necesario poner el foco sobre una cuestión que pocas veces aparece en el debate público: los concejales tienen la responsabilidad de concurrir a trabajar y participar del funcionamiento del cuerpo deliberativo.
La oposición tiene todo el derecho a cuestionar, controlar, debatir y votar en contra de las iniciativas del oficialismo. Ese es, precisamente, uno de los pilares del sistema democrático.
Lo que resulta difícil de justificar institucionalmente es que determinados concejales decidan discrecionalmente cuándo concurrir a las sesiones o cuándo participar del funcionamiento del cuerpo que integran. En cualquier ámbito laboral o institucional, cumplir con las obligaciones inherentes al cargo no puede quedar sujeto a la conveniencia política del momento.
Ser oposición no significa dejar de cumplir las responsabilidades que implica ejercer un cargo público.
Tampoco resulta correcto presentar al conjunto de la oposición como un bloque homogéneo. La realidad política de La Calera es bastante más compleja y está atravesada por una fragmentación previa del peronismo local y por distintos realineamientos políticos.
Los resultados electorales de 2023 también forman parte de esa realidad: Fernando Rambaldi obtuvo el 32,60% de los votos, Gastón Morán el 31,09% y Facundo Rufeil el 27,01%.
Por eso, el verdadero debate de fondo no debería reducirse a determinar quién tiene la mayoría o quién logra imponer un determinado relato.
La pregunta central es mucho más sencilla: ¿queremos un Concejo Deliberante funcionando o un Concejo Deliberante condicionado por decisiones políticas de concurrir o no concurrir?
La democracia necesita una oposición que controle y un oficialismo que gobierne. Pero ambas funciones requieren responsabilidad institucional.
Controlar no significa bloquear.
Ser oposición no significa incumplir las obligaciones del cargo.
Y gobernar tampoco significa pretender que toda crítica sea obediencia.
El oficialismo tiene la obligación de garantizar el funcionamiento institucional y utilizar las herramientas que la ley establece cuando sea necesario. La oposición tiene el derecho —y también la obligación— de ejercer el control, participar de los debates y expresar sus diferencias.
En definitiva, la discusión política puede ser intensa, pero las reglas institucionales no deberían estar sujetas a esa intensidad.
Los vecinos tienen derecho a saber qué está ocurriendo realmente. Y para eso también es necesario distinguir entre un hecho, una acusación y una interpretación política.
Porque si se afirma que el oficialismo "no hace", cuando en realidad está utilizando los mecanismos que la ley establece para garantizar el funcionamiento del Concejo, se corre el riesgo de transformar una discusión institucional en una construcción política del relato.
La Calera necesita un Concejo que funcione, concejales que asuman las responsabilidades para las que fueron elegidos y un debate político firme, pero respetuoso de las instituciones.
Las diferencias políticas son legítimas.
No lo es utilizar esas diferencias como argumento para dejar de cumplir con las responsabilidades que implica representar a los vecinos.
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