La ciudad de La Calera vivió horas decisivas tras un drástico e intempestivo corte en el suministro de agua potable que afectó de manera directa a miles de familias, barrios enteros, escuelas y centros de salud. Lejos de asumir una postura pasiva ante lo que constituye una vulneración directa a un derecho humano esencial, la gestión municipal encabezada por el intendente Fernando Rambaldi fijó una postura contundente en defensa de la comunidad, denunciando la irresponsabilidad operativa de la prestataria y la falta de respuestas de las autoridades provinciales.
Un conflicto estructural y una concesión vencida
El origen de la crisis destapa una problemática de larga data. De acuerdo con las denuncias formalizadas por el Ejecutivo municipal, la empresa Colón Punilla S.A. maneja el suministro hídrico local bajo un permiso precario otorgado de manera directa por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el cual se encuentra actualmente vencido y sin proceso de licitación pública.
La administración local expuso además severas irregularidades en el funcionamiento de la firma prestataria:
Falta de transparencia financiera y tributaria: La empresa mantiene una abultada deuda en tasas municipales y se niega a inscribirse y tributar formalmente en La Calera, municipio donde opera su propia planta de tratamiento, razón por la cual la comuna inició un proceso de determinación de oficio para exigir el cumplimiento de sus obligaciones.
Deficiencias operativas: Acumula deudas por consumo de energía con EPEC, opera sin balances ni plan de obras presentado, y entrega con frecuencia un servicio de pésima calidad, con episodios de agua turbia y olor a algas.
Sobrefacturación histórica: Un macromedidor instalado por orden judicial constató que, con anterioridad al otorgamiento de la concesión, se sobrefacturó el consumo a la ciudad durante más de un año.
La firmeza municipal ante el desinterés provincial
Frente al reclamo constante del intendente Rambaldi para compensar y saldar los fondos cobrados de más a los vecinos, el Gobierno provincial y sus ministros mantuvieron una negativa sistemática a sentarse en una mesa de negociación. Esta postura evasiva derivó en la drástica interrupción del servicio impulsada por la empresa, desafiando incluso las disposiciones judiciales que exigían no afectar la prestación.
En este contexto, la Municipalidad puso en evidencia la desproporción de la crisis: mientras el Gobierno provincial recibió recientemente $400.000 millones transferidos por el Gobierno nacional, la resolución del diferendo hídrico con La Calera representa apenas el 0,0025% de esa suma. La falta de voluntad política para destinar esos recursos y resolver el diferendo ponía de manifiesto una flagrante inequidad para los calerenses.
Triunfo del reclamo local: el ERSEP ordena restituir el servicio
Gracias a la firmeza de la denuncia pública e institucional impulsada por la Intendencia, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) intervino de manera inmediata, ordenando el restablecimiento urgente del agua potable para toda la ciudad y la apertura formal de una mesa de diálogo tripartita.
Para garantizar que el retorno de la presión hídrica se realice sin causar averías ni roturas en las cañerías públicas y domiciliarias, la Secretaría de Agua y Saneamiento municipal asumió de inmediato la supervisión técnica del proceso.
La gestión del intendente Fernando Rambaldi reafirmo que continuará exigiendo la cancelación de saldos cruzados con la Provincia y la empresa proveedora, defendiendo el dinero y la salud de cada vecino de La Calera para asegurar que cada parte pague lo que estrictamente le corresponde.
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