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Cuando la ética traiciona a la política

 


Por Gustavo Restivo

Los conflictos internos en los partidos políticos no son ajenos a ninguna ciudad, ni siquiera a la nuestra. Lo que hoy ocurre en la Unión Cívica Radical (UCR), con la expulsión de tres diputados nacionales acusados de «lesionar la dignidad del partido», es un ejemplo de cómo las tensiones entre la disciplina partidaria y la autonomía política pueden desgarrar la representación democrática. Esta situación nos obliga a reflexionar: ¿qué pasaría si algo similar ocurriera en nuestros propios espacios políticos?

Los partidos tradicionales, especialmente en contextos locales, tienen mucho que aprender de estas experiencias. La ética y el bien común deben estar por encima de las presiones internas y las estrategias electorales. En tiempos donde la ciudadanía reclama transparencia y soluciones reales, las disputas partidarias no solo generan desconfianza, sino que también desvían la atención de lo que realmente importa: resolver los problemas de la gente.

¿Estamos preparados para exigir una política más ética, más enfocada en el bien común y menos subordinada a las mezquindades partidarias? Lo que está en juego no es solo la cohesión de un partido, sino la credibilidad de toda la política como herramienta para transformar la realidad.



La ética de la lealtad partidaria frente a la autonomía política: un dilema ciudadano

La reciente expulsión de Mariano Campero, Martín Alfredo Arjol y Luis Albino Picat de la Unión Cívica Radical (UCR) por decisión del Tribunal Nacional de Ética genera una pregunta esencial: ¿dónde debe trazarse la línea entre la lealtad partidaria y la autonomía política? Este hecho no solo tiene implicancias para la UCR, sino también para la ciudadanía que observa con desconcierto cómo las tensiones internas de los partidos impactan en la representación democrática.

La ética y la política han sido siempre un terreno resbaladizo, donde la coherencia de los principios suele enfrentarse a las dinámicas del poder. Desde la perspectiva filosófica, es crucial recordar el planteo aristotélico: la política debe ser el arte de buscar el bien común. En este contexto, el accionar de los diputados expulsados puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, como una traición a la identidad ideológica de la UCR, una organización centenaria que representa ciertos valores. Por otro, como un acto de pragmatismo político que busca adaptar la representación a un contexto cambiante.

El Tribunal Nacional de Ética argumentó que las acciones de Campero, Arjol y Picat «lesionaron gravemente la dignidad del partido». Pero ¿Qué significa en términos prácticos esa «dignidad»? En un sistema democrático, los partidos no son castillos inmutables, sino espacios dinámicos de debate y confrontación de ideas. Pretender una unidad ideológica absoluta, especialmente en un contexto político volátil, puede resultar más dogmático que práctico. Esto plantea una disyuntiva ética: ¿debe un representante político priorizar su alineación con el partido o con las necesidades y expectativas de sus votantes?


El ciudadano frente al conflicto partidario

Desde el punto de vista del ciudadano, esta situación puede generar desconfianza. Por un lado, se condena a los diputados por reunirse con referentes de otros sectores políticos, como el presidente Milei, en un gesto que algunos interpretaron como traición. Sin embargo, es fundamental considerar que en una democracia madura, el diálogo entre diferentes fuerzas políticas debería ser celebrado, no castigado. La política no puede ser un espacio de trincheras, sino un terreno para construir consensos.

El rechazo del Tribunal también se basó en el cambio de postura de estos diputados en votaciones clave, como el veto a la Ley de Movilidad Previsional y Seguridad Social. Esta decisión, aunque polémica, puede leerse desde otra óptica: quizás estos legisladores consideraron que sus acciones representaban una defensa de la estabilidad económica del país, priorizando el interés público por encima de las estrategias partidarias.

No obstante, el modo en que los diputados gestionaron esta situación también es cuestionable. La «selfie festiva» en la Casa Rosada, interpretada como un gesto provocador, es un claro ejemplo de cómo la política simbólica puede volverse un arma de doble filo. En una era donde las redes sociales amplifican cada gesto, los representantes deben ser conscientes de cómo sus acciones son percibidas, no solo por sus colegas, sino por la ciudadanía.

Reflexión ética: ¿autonomía o disciplina?

Desde lo ético, la expulsión de estos diputados nos lleva a reflexionar sobre el equilibrio entre autonomía y disciplina partidaria. ¿Es ético sancionar a un legislador por buscar puntos de diálogo con otros espacios políticos? ¿Debe castigarse el pragmatismo en un contexto de crisis nacional? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son esenciales para entender el significado de la representación política.

El filósofo alemán Jürgen Habermas señala que la política debe basarse en el diálogo y la deliberación. Si los partidos pierden de vista este principio, corren el riesgo de convertirse en instituciones autorreferenciales, más preocupadas por su supervivencia interna que por su capacidad para generar soluciones colectivas.



¿Y el ciudadano?

El ciudadano, al final del día, es quien paga el costo de estas disputas internas. Cuando un partido prioriza sancionar a sus miembros por no ajustarse a una ortodoxia ideológica, puede enviar un mensaje de intolerancia y cerrazón. Por otro lado, los legisladores también tienen una responsabilidad: ser transparentes en sus decisiones y demostrar que sus acciones responden al bien común, no a intereses personales o estrategias de poder.

En este caso, la UCR enfrenta el desafío de definir su identidad en un contexto político fragmentado, mientras que los diputados expulsados deberán explicar cómo sus decisiones respondieron a sus principios éticos y no a simples conveniencias políticas.

En definitiva, la expulsión de estos tres legisladores es un recordatorio de las tensiones inherentes a la democracia. Como ciudadanos, debemos exigir una política que sea capaz de dialogar, negociar y priorizar el bienestar colectivo por encima de las disputas internas. La ética en política no consiste en seguir ciegamente las reglas del partido, sino en actuar de manera coherente con los principios democráticos y el bien común.





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