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Córdoba, 27 de junio de 2025 — Una bomba explotó en el seno de la Policía de Córdoba: el jefe de la Policía Caminera, comisario general Maximiliano Ochoa Roldán, fue detenido junto a otros seis implicados, entre ellos su propio hermano, en el marco de una investigación por asociación ilícita, extorsión, coacción, enriquecimiento ilícito y uso ilegal de información oficial. El caso sacude a la cúpula policial y amenaza con salpicar a más funcionarios.
El operativo, encabezado por el fiscal Guillermo González, incluyó 11 allanamientos simultáneos en Córdoba Capital, La Calera, Cosquín y otras localidades. Las órdenes alcanzaron viviendas particulares, estudios jurídicos y oficinas de la propia Jefatura de Policía.
La investigación revela la existencia de una presunta organización criminal integrada por policías y abogados —algunos activos en la fuerza— que accedían ilegalmente a bases de datos oficiales con fines económicos. Con esa información, realizaban cobros extrajudiciales, fijaban honorarios y negociaban causas en paralelo a la justicia formal.
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Los detenidos y sus roles
Maximiliano Ochoa Roldán está acusado de ser el jefe de esta asociación ilícita. Junto a él fueron apresados:
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Gastón Ochoa Roldán, abogado y hermano del jefe de la Caminera
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Gabriel Burkhard, civil, señalado como organizador
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Leonardo Torres, jefe de Asesoría Letrada de la Policía
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Martín Heredia, comisario inspector de la Caminera
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Jorge Gutiérrez, titular de la Dirección de Protección de Testigos
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Dante Villalba, suboficial y chofer en Jefatura
Todos enfrentan cargos por asociación ilícita y delitos conexos como peculado, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. La mayoría son abogados y se valían de sus funciones institucionales para obtener beneficios personales.
Más allá de la Caminera
En conferencia de prensa, el fiscal González fue categórico: “Los hechos no se relacionan directamente con la función operativa de la Caminera, sino con el uso de información confidencial para negocios personales”. En paralelo, reveló que uno de los ejes de la operatoria tenía que ver con la ocupación y disputa de terrenos en el interior de la provincia.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, anunció que todos los implicados serán separados de la fuerza y subrayó que no habrá encubrimientos: “Actuaban como abogados al servicio de intereses privados, no como servidores públicos”.
Un patrón que preocupa
El caso reaviva críticas sobre los criterios de designación en áreas sensibles de la administración provincial. En redes sociales, usuarios recordaron que en los últimos meses fueron desplazados o investigados otros jefes como el de Defensa Civil, el Servicio Penitenciario y Bomberos. “¿Quién eligió y avaló a todos estos funcionarios?”, se preguntan algunos con indignación.
Mientras tanto, la causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. La trama, compleja y extensa, amenaza con revelar vínculos más profundos entre sectores de poder, cuerpos policiales y estructuras legales paralelas.
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