El Concejo Deliberante de La Calera celebró este 16 de septiembre una sesión ordinaria breve, pero con dos decisiones de impacto concreto: por un lado se trató la actualización de las tarifas por el uso de instalaciones municipales y en segundo lugar una bonificación tributaria destinada a los comerciantes afectados por las obras de la avenida Simón Bolívar. Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad.
Tal como mencionamos en primer lugar, se sancionó en segunda lectura la modificación del artículo 91, inciso b, de la Ordenanza 025/CD/2024. La medida actualiza los valores correspondientes al alquiler de salones de usos múltiples y al empleo de diferentes espacios deportivos y recreativos municipales. Según se explicó durante la sesión, algunas instalaciones se alquilaban por aproximadamente $15.000, un monto insuficiente para afrontar los gastos de limpieza, mantenimiento y conservación. Con la nueva ordenanza, el alquiler de los salones pasaría a $50.000, además de exigirse un depósito reintegrable si el lugar se devuelve en buenas condiciones.
La actualización fue justificada también por la falta de una Tarifaria 2026 aprobada, situación que mantiene vigentes varios valores establecidos para 2025. El oficialismo sostuvo que los bienes municipales deben permanecer accesibles, pero que su utilización genera costos que necesitan ser cubiertos.
El segundo proyecto lo anticipamos ayer, establece bonificaciones sobre distintas contribuciones municipales para los comercios de la avenida Simón Bolívar perjudicados por las restricciones de circulación provocadas por la obra de sistematización y repavimentación. El beneficio tendrá carácter retroactivo a marzo de 2026 y podrá alcanzar las tasas de Comercio e Industria, Inmobiliaria, Agua y Cloacas. Cada comerciante deberá acreditar el período durante el cual su actividad resultó afectada.
Durante el debate, el concejal Lucas Larrosa defendió la intervención como una obra estratégica para conectar el sur de La Calera con el centro y consolidar a Simón Bolívar como el segundo corredor comercial de la ciudad. También remarcó que más de la mitad del costo sería afrontado con recursos municipales.
Desde el punto de vista político, la sesión dejó dos elementos relevantes: el reconocimiento institucional del perjuicio ocasionado a los comerciantes y un acuerdo unánime entre oficialismo y oposición. Al mismo tiempo, apareció una disputa latente sobre la autoría política y el financiamiento de la obra, debido a la participación de fondos provinciales y municipales.
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