El 23 de febrero de 2024, lo que debería haber sido casi una rutina administrativa se convirtió en un conflicto que llegó a los tribunales, con la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ).

Esa fallida sesión de febrero fue un punto de inflexión en la vida parlamentaria de nuestra ciudad, según la Concejal Fernández Monteros respondería a una jugada política de la oposición para hacerse de la presidencia, que ya había sido tratada y aprobada en diciembre del 2023 para que el Cuerpo no quede acéfalo. La actitud de los ediles discordes (concejales de la oposición, sumada a la de la concejal Analía Marcos) intentó paralizar el funcionamiento del Cuerpo, a pesar de las notificaciones y llamados para que se presentaran a sesionar, estos concejales no asistieron y tampoco informaron las causas de sus inasistencias, en realidad la oposición cortó todo tipo de diálogo con las autoridades del Legislativo y resto de los ediles  oficialistas. En otro orden de cosas desde el oficialismo primó la paciencia y el respeto a la investidura de sus pares, evitando recurrir a la fuerza pública para compelerlos a asistir.

La intervención del STJ fijó para hoy, 5 de junio, una sesión especial que se llevó a cabo con la presencia de veedores designados por el más alto tribunal provincial. La sesión comenzó con el izamiento de la bandera nacional a cargo del concejal Gastón Morán, por solicitud de la presidenta del Cuerpo, concejal Sofía Fernández Montero. Esta formalidad inicial fue seguida por la lectura de los concejales presentes y la identificación de los veedores del TSJ, marcando así el inicio de una sesión cargada de tensiones.

Más de una hora y media de intensos debates y discusiones se desarrollaron en el recinto, consideremos que hablamos de la eleción de una autoridad que se debía resolver entre nueve ediles. Las diferencias entre oficialismo y oposición se centraron en aspectos interpretativos. La oposición insistía en retrotraer la situación al 23 de febrero, invalidando todo lo actuado posteriormente. Por su parte, el oficialismo mantenía su postura de tratar retrotrayendo al 23 de febrero según lo establecido por el TSJ en el Decreto que emitió, buscando avanzar según lo dictado por la máxima autoridad judicial y garantizar la gobernabilidad en La Calera, según expresaron los ediles. En última instancia el oficialismo estaba respetando lo que el Tribunal Superior  requería y la oposición reclamaba, ahora el sector disidente ahora parecía querer hacerlo según su manera de entender.

Una cuestión de fondo aquí es también la situación de la Concejal Analía Marcos, Que hasta fines del mes de abril pertenecía al bloque de Juntos por La Calera, y luego es expulsada bajo el fundamento del presunto incumplimiento de la cláusula de gobernabilidad establecida en la Ley 8102. Por otra parte recordemos que la Presidente del Concejo Deliberante, denunció a la concejal Marcos ante la Fiscalía Distrito 2 Turno 7. En su denuncia, Fernández Monteros solicita que se investigue si Marcos fue objeto de ofrecimientos de dinero, una acusación que ha sido afirmada en varias ocasiones por la denunciada según consta en la denuncia.

Ver Nota: Turbulencias políticas en La Calera: Expulsión de concejal de su bloque y denuncia por corrupción

El ambiente caldeado llevó a un cuarto intermedio, necesario para calmar los ánimos y replantear las estrategias. Sin embargo, los debates continuaron en el mismo tono de confrontación, demostrando que hay sectores que aùn no comprenden que el verdadero arte de la política es arribar a acuerdos negociando y mediando creativamente, sin llegar a una postura poco política.

La resolución de este conflicto no solo es crucial para el funcionamiento del Concejo Deliberante de La Calera, sino que también sienta precedente sobre la intervención judicial en conflictos legislativos locales. La espera de más de cuatro meses para llegar a esta instancia judicial muestra la profundidad de las divisiones políticas y la dificultad de encontrar soluciones consensuadas.

El desenlace de esta sesión y las decisiones que se tomen a partir de ahora definirán el rumbo político de La Calera en adelante. La intervención del TSJ es un recordatorio de que, en última instancia, el sistema judicial puede ser un árbitro decisivo en la resolución de conflictos políticos, cuando las instituciones locales son incapaces de resolverlos por sí mismas.

Este conflicto deja lecciones sobre la importancia del diálogo y la negociación en la política local, y cómo la judicialización de la cuestión legislativa nos debe llevar a un alerta. Cambios políticos llegaron a La Calera por inteligencia de unos o desinteligencias de otros, lo que la política no puede permitirse es ser generadora de caos e insertidumbre. Los ciudadanos de La Calera observan atentos, esperando que sus representantes puedan encontrar un camino hacia la estabilidad y la gobernabilidad.