Por Mgter Juan Manuel Lozita, Politólogo

Desde el enfoque de la ciencia política contemporánea, nos hacemos dos preguntas de investigación cuando se analiza el rol de la oposición política en democracia: ¿cuánta oposición es deseable? ¿cuál es el mejor equilibrio entre consenso y disenso?. Es deseable que, para mejorar la calidad de la representación política, si las oposiciones quieren ser alternativas gubernativas, deben ser fuertemente programáticas y considerablemente propositivas.

Ambas condiciones no las cumple la actual oposición política de La Calera. Más bien, bloquea de una manera irresponsable la acción de gobierno del municipio de La Calera, que hace más de dos años de una manera disruptiva quebró la hegemonía política del peronismo local rufeilista. Para adentrarlos al caso, hagamos el siguiente ejercicio intelectual por unos minutos sobre la gobernanza en esta ciudad.

Durante décadas fue un típico caso de feudo caudillesco donde las únicas variables a analizar eran el personalismo, el nepotismo y el patrimonialismo. El primero se refiere a un líder local del tipo absolutista que administra una suerte de suma del poder público y decide a diestra y siniestra sobre todos los asuntos de la ciudad. El segundo el nepotismo, es el favoritismo a amigos y familiares con los bienes públicos, que responde al eslogan “para los amigos todo”. Por último, el más estructural y profundo es el patrimonialismo, que es una conjunción de clientelismo y corrupción, porque responde a la fusión entre lo público y lo privado y opera cuando el gobernante de turno trata los asuntos y recursos del Estado como si fueran de su propiedad personal.

Claro está, que con tal herencia de cultura política cuando las reglas políticas cambian (nuevo gobierno local), la inercia institucional difícilmente cambie en pocos años.

Para continuar con el ejercicio, apelo a un texto clásico de la politología institucionalista. Me refiero a la obra “La oposición en las democracias contemporáneas” de Gianfranco Pasquino. El autor nos ilustra con una máxima: la oposición política tiene la responsabilidad de permitir al ejecutivo ejercer su función de gobierno para la cual fue elegido por el sufragio ciudadano. La oposición política tiene un rol fundamental que puede resumirse en: poder activo de crítica, control y orientación alternativa de gobierno.

Sin embargo, en el Concejo Deliberante de La Calera lo que sucede es un fenómeno político de abuso de la práctica obstruccionista de bloqueo legislativo y una actitud de absoluta irresponsabilidad política que afecta la calidad institucional. Hay una lista interminable de asedios de la oposición que al final de cuentas, son palos en la rueda a la calidad de vida de los ciudadanos calerenses: rechazos del presupuesto y tarifaria en los años 2024, 2025 y 2026. O sea, el municipio vive con prepuestos y tarifarias reconducidas, con lo cual para el ciudadano implica menos previsibilidad para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Obstaculización de la ampliación de un crédito para incrementar el parque automotor municipal destinados a la mejora en los servicios públicos municipales. Obstrucción a la ampliación del asfalto en calle Rivadavia, que iba a ser costeada por los vecinos a través del mecanismo de contribución por mejoras. Negación a la aprobación de balances de ejercicios contables del año 2023 donde la actual oposición fue el gobierno de turno. La lista es interminable.

En suma tenemos la personalización de la “irresponsabilidad” encarnada en la oposición, que en vez de expresar demandas sociales legítimas, decide recurrir a la demagogia política o de cabalgar la protesta, contribuyendo a construir una fuente de ingobernabilidad e inestabilidad política.

Lo aconsejable en estos casos, es que el enfermo, como en este caso es la oposición política rufeilista, se haga analizar y tratar sus problemas de polarización afectiva, tradición hegemónica y dinámica adversarial. Los tres síntomas, son tratables pero el paciente debe elegir entre el bienestar de toda la ciudad de La Calera o continuar con sus pretensiones golpistas, que son una muestra de la incapacidad para articular su acción entre la arena social y la sede parlamentaria.