José López y Abel Fatala recibieron penas de prisión condicional por administración fraudulenta. Los hermanos Schoklender también fueron condenados, mientras que Julio De Vido resultó absuelto.

El programa nació con un objetivo difícil de cuestionar: construir viviendas para familias que necesitaban una solución habitacional. Sin embargo, una parte de los fondos públicos destinados a ese propósito terminó desviada y numerosas obras quedaron abandonadas o inconclusas.

Por estos hechos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 condenó, por mayoría, al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional. Ambos fueron considerados responsables de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y quedaron inhabilitados de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

El fallo también alcanzó a Sergio y Pablo Schoklender, antiguos apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El primero recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional y el segundo, de dos años y cuatro meses.

La decisión tuvo, sin embargo, un capítulo diferente: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros cuatro exfuncionarios fueron absueltos. La fiscalía había pedido condenas de hasta seis años para los principales acusados.

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que entre 2007 y 2011 se organizó una maniobra para transferir fondos a la Fundación sin licitación y con controles insuficientes. La Secretaría conducida por López giró más de 748 millones de pesos para ejecutar las obras. Según la acusación, se detectaron sobreprecios de hasta el 100 por ciento y un desvío comprobado de 206 millones.

Ese mismo monto fue fijado por el tribunal como decomiso y deberá actualizarse por inflación cuando la sentencia quede firme.

Detrás de los números queda la consecuencia más concreta: viviendas prometidas que no llegaron a construirse y familias que continuaron esperando. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 13 de noviembre.

El bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Córdoba quedó en el centro de la escena política tras el pedido de licencia del legislador Ernesto “Cañito” Flores y el apartamiento de dos personas vinculadas a su estructura legislativa, una de ellas detenida en una causa que investiga presuntos delitos de grooming y abuso sexual infantil.

La situación generó preocupación dentro de la bancada peronista, que todavía no mantuvo una reunión formal para analizar el impacto político del caso. Según publicó La Voz del Interior, algunos legisladores consideran conveniente evitar una sesión esta semana, mientras crece la inquietud por una eventual ampliación del escándalo hacia otros asesores legislativos.

En los pasillos de la Legislatura, el episodio es comparado con anteriores controversias que involucraron a representantes y personal contratado. La referencia al caso de la denominada “empleada fantasma” refleja el temor a que el episodio vuelva a instalar cuestionamientos sobre los mecanismos de selección, control y seguimiento de quienes integran los equipos de los legisladores.

Leonardo Limia quedó señalado como uno de los dirigentes encargados de brindar explicaciones públicas sobre el caso. Otros legisladores que habían asumido protagonismo durante el episodio que involucró a Kraisman optaron esta vez por mantener distancia.

Desde la oposición, la reacción también fue dispar. La UCR reclamó el apartamiento de Flores, mientras Encuentro Vecinal pidió su suspensión. Otros sectores evitaron formular cuestionamientos públicos.

El episodio vuelve a colocar bajo discusión no sólo la situación particular de Flores, sino también los controles políticos e institucionales sobre los asesores legislativos y la responsabilidad de quienes los incorporan a sus equipos. La investigación judicial determinará las responsabilidades penales; la Legislatura deberá afrontar, mientras tanto, el costo político y la discusión sobre sus propios mecanismos de control.